Fiscal descarta enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni en Argentina

El fiscal Gerardo Pollicita concluyó que no hay elementos suficientes para sostener que Manuel Adorni, exjefe de Gabinete de Argentina, se enriqueció de manera ilícita durante su función pública. Lo hizo en un dictamen del 6 de noviembre, en el que también pidió que la causa deje de tramitarse como enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para investigar una posible evasión tributaria. La Fiscalía aclaró que no se trata de un sobreseimiento.

El argumento central es técnico. Para que exista enriquecimiento ilícito debe haber un aumento patrimonial posterior a la asunción del cargo, y la defensa ubica el origen de los fondos varios años antes de diciembre de 2023. Según el dictamen, la investigación no vinculó el dinero con «un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función». El período analizado va del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026, el día en que Adorni dejó la Jefatura de Gabinete.

La defensa sostiene que los gastos se pagaron con ahorros en Bitcoin obtenidos entre 2014 y 2018: unos USD 200.000 invertidos en ocho billeteras, que luego se liquidaron por USD 591.544,61. La Fiscalía detectó erogaciones por USD 402.578,12 en el período, de los cuales USD 374.081,66 fueron en efectivo. Sobre esa base, el fiscal señaló indicios de evasión: ingresos, dólares en efectivo y criptoactivos que habrían quedado fuera de las declaraciones fiscales durante años, y que la propia defensa reconoció como «materia antes no declarada».

El expediente queda ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, que debe decidir si acepta la declinatoria de competencia y envía la causa al fuero penal económico. Si lo hace, el delito que se investigaría es otro: ya no un hecho vinculado al ejercicio del cargo, sino una cuestión fiscal.

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La diputada Marcela Pagano, denunciante original, no está de acuerdo. Le pidió a Lijo que rechace el pedido, que retome la investigación, que solicite información a los bancos y a ARCA y que cite a Adorni a indagatoria. Pagano sostiene que el fiscal «ni miró» los dos años posteriores a la salida del cargo, que la ley también contempla, y subraya que «no hubo sobreseimiento».

Adorni renunció el 27 de junio con una carta en la que afirmó que lo trataron «de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción». Desde entonces no hubo condena ni imputación firme en su contra, y el dictamen de Pollicita confirma que, en el delito más grave que se le atribuía, la prueba no alcanza. En julio, Javier Milei dijo que seguía confiando en su inocencia. No encontré declaraciones de Adorni sobre este dictamen.

La causa sigue abierta y falta que un juez resuelva. Pero conviene recordar un principio básico del Estado de derecho: la carga de probar es de quien acusa, no de quien es acusado. Un año de escándalo mediático no reemplaza una sentencia.

Que no haya pruebas de enriquecimiento ilícito no cierra el caso, pero tampoco lo convierte en culpable. Hasta que un juez diga otra cosa, rige la presunción de inocencia.