Rodrigo Goñi lleva meses construyendo el argumento de que el Estado debe intervenir en la relación entre los jóvenes y las redes sociales. Lo hace invocando protección, salud mental y el bienestar de la infancia. El problema es que la ciencia —la misma que cita como fundamento— no respalda su conclusión. Y el único país que ya aplicó lo que Goñi quiere aplicar aquí acaba de demostrar que no funciona.

Lo que dice la academia científica más rigurosa del mundo

En 2024, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos —el cuerpo científico de mayor prestigio e independencia en el mundo anglosajón— publicó un informe exhaustivo sobre redes sociales y salud mental adolescente. Su conclusión central es incómoda para los reguladores: no puede afirmarse que las redes sociales sean la causa de la crisis de salud mental adolescente.

Existen riesgos reales para algunos adolescentes en determinados contextos. Pero la academia también documenta lo contrario: las redes sociales generan beneficios concretos, en especial para jóvenes con dificultades de socialización, adolescentes con enfermedades crónicas y jóvenes LGBTQ+. Para ellos, las plataformas digitales son, con frecuencia, su principal red de apoyo emocional.

Si el cuerpo científico de referencia mundial no puede afirmar causalidad, los legisladores uruguayos no tienen base empírica para regular. Tienen, sí, voluntad política. Que es exactamente lo que siempre tuvo el Estado para intervenir donde no fue invitado.

El experimento australiano: cuando la realidad corrige al legislador

Australia fue el primer país en aplicar una prohibición nacional de redes sociales para menores de 16 años. Es, además, uno de los modelos que cita el Anexo bibliográfico de la Consulta Pública que Goñi impulsa en Uruguay.

Tres meses después de la entrada en vigencia de la ley australiana, más del 80% de los adolescentes del país seguía usando redes sociales con la misma frecuencia que antes. Lo hacían con cuentas falsas, VPNs y dispositivos prestados de hermanos mayores o adultos. Investigadores de la University of Newcastle documentaron que la medida tuvo impacto mínimo sobre el uso real.

Las consecuencias no intencionadas son más reveladoras que el fracaso en sí mismo. El uso pasó a ser clandestino: menos supervisión parental, no más. Los adolescentes migraron hacia plataformas menos conocidas y menos seguras. Los jóvenes más vulnerables —exactamente a quienes la ley decía proteger— perdieron acceso a sus redes de apoyo. Y la sociedad adulta tuvo la tranquilizadora sensación de que el problema había quedado resuelto.

Si el modelo que cita el Parlamento uruguayo fracasó en el país donde fue aplicado, ¿sobre qué base se construye la regulación local?

Los más vulnerables son los que más pierden

Una revisión de cientos de estudios publicada en PubMed Central en 2024 documenta un patrón claro: las redes sociales son especialmente valiosas para los adolescentes que más las necesitan. Permiten mantener vínculos, construir comunidad y acceder a apoyo emocional en situaciones donde el entorno inmediato falla. Para el adolescente aislado, el que padece una enfermedad crónica, el que no encaja en su grupo de pares, las plataformas digitales no son un lujo: son una herramienta de supervivencia social.

Una prohibición general los desconecta de esa red. La regulación que dice proteger a los vulnerables los daña de forma desproporcionada. Es el patrón de siempre: las políticas de Estado de amplio espectro, diseñadas para proteger al promedio imaginario, destruyen los casos excepcionales reales.

Legislar sobre datos que no existen

Un estudio publicado en mayo de 2026 en Frontiers in Developmental Psychology por investigadores de la Universidad de California revisó todos los ensayos experimentales donde se restringió el uso de redes sociales. Encontró que el 40% de esos estudios arrojó efectos nulos o negativos: mayor soledad, menor satisfacción vital, sin beneficios documentados. Pero el dato más relevante es otro: ninguno de esos experimentos fue realizado con adolescentes reales. Todos usaron adultos, mayoritariamente universitarios.

Los legisladores de Australia, Brasil, España y Uruguay están construyendo leyes sobre extrapolaciones de datos de adultos, aplicadas a menores sin evidencia directa que justifique la extensión. No es una omisión accidental. Es la forma habitual en que el Estado actúa cuando tiene voluntad política de regular y necesita cobertura científica para hacerlo.

Lo que sí funciona — y no requiere al Estado

La misma evidencia que desmonta las prohibiciones generales señala qué intervenciones tienen respaldo empírico real: educación digital en el hogar y en la escuela, supervisión parental gradual y negociada, formación en pensamiento crítico, diseño de plataformas con límites de tiempo y notificaciones inteligentes, e intervención clínica específica sobre el uso problemático.

Ninguna de estas requiere que el Estado controle el acceso de los ciudadanos a las plataformas. Ninguna requiere un registro centralizado de menores. Ninguna requiere que un burócrata decida quién puede o no puede ver qué contenido. Todas dependen de la familia, de la educación y del diseño de mercado.

El mercado libre ya produce las herramientas. Las plataformas ofrecen controles parentales, límites de tiempo y modos de uso supervisado. Los padres pueden activarlos. La diferencia entre este enfoque y el de Goñi es que uno respeta la autonomía de las familias y el otro la reemplaza por la tutela del Estado.

"Por los niños" es la frase más antigua del arsenal regulatorio. Ha justificado censuras, prohibiciones, registros y controles de toda clase a lo largo de la historia. La evidencia científica disponible hoy dice que la regulación general de redes no protege a los jóvenes, daña a los más vulnerables y fracasa en la práctica. Goñi lo sabe o debería saberlo. Legisla de todas formas. Eso no es protección: es política disfrazada de ciencia. ---

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