Con tres votos colorados el FA interpretaría la Constitución por ley

El proyecto de ley interpretativa de la Constitución que el gobierno de Orsi envió al Parlamento va camino a aprobarse en Diputados con votos colorados, según informó Búsqueda el 29 de octubre.

La iniciativa, impulsada por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, interpreta los artículos 73 a 75. Establece que los ciudadanos naturales son nacionales «en el momento del nacimiento» y los legales «desde el otorgamiento de la carta de ciudadanía». El gobierno la justifica por los problemas de viaje de los ciudadanos legales, y Díaz habló de «un conjunto de inconvenientes prácticos, uno de los más conocidos tiene que ver con la expedición de los pasaportes». El problema nace de una interpretación atribuida a Justino Jiménez de Aréchaga, según la cual la ciudadanía legal da derechos políticos pero no la nacionalidad.

El proyecto ingresó a Diputados el 14 de octubre. Según Búsqueda, tiene a priori los votos: los 48 diputados del Frente Amplio más tres colorados darían la mayoría. Son Elianne Castro, Felipe Schipani y Horacio de Brum, del sector Unir Para Crecer. De Brum propondrá un artículo para que los padres extranjeros de hijos uruguayos inicien el trámite de ciudadanía hasta seis meses antes del plazo constitucional.

No todo el bloque opositor acompaña. El colorado Conrado Rodríguez, de Vamos Uruguay, está «en principio» en contra y adhiere a la tesis de Jiménez de Aréchaga de que nacionalidad y ciudadanía son categorías distintas. En el Partido Nacional hay división: el herrerista Juan Martín Rodríguez se opone por razones de constitucionalidad, Pablo Abdala tiene reparos jurídicos y su suplente, Leydis Aguilera, defiende el proyecto.

El debate jurídico tampoco está cerrado. Jaime Sapoliski, del Instituto de Derecho Constitucional de la Udelar, considera que el proyecto contraviene la Constitución. Martín Risso, consultado por Presidencia, cambió de posición y sostiene que para alegar inconstitucionalidad hay que señalar el artículo violado, cosa que, dice, no ocurrió en su caso.

Los datos no cierran en un punto. El proyecto resuelve, según el gobierno, un problema de los pasaportes, pero no resuelve el requisito de la OACI que desde 2027 exigirá indicar el lugar de nacimiento. La nota de Búsqueda recuerda además que el gobierno ya dio marcha atrás con un cambio de pasaportes en 2025.

El dato político es otro. Schipani, que impulsa prohibir las redes sociales a los menores de 15 años, aporta ahora su voto al Frente Amplio en una ley que la propia oposición discute por inconstitucional. El dossier de SU registra que la cantidad de afectados aparece como «más de 16.000 uruguayos» en el título de El Observador, un dato que no se pudo confirmar en el cuerpo de la nota.

El ciudadano legal pagó su trámite y merece un pasaporte que lo reconozca, pero arreglar con otra ley lo que creó una interpretación es seguir dentro del laberinto del Estado. Y una oposición que pone los votos para el oficialismo deja de ser oposición.