US$ 5.700 millones y la luz la pagás vos

El Presidente anunció el pasado 14 de octubre que la empresa española Solaria eligió a Uruguay para desarrollar un proyecto que podría implicar una inversión de US$ 5.700 millones en data centers. El paquete incluye un acuerdo de compraventa de energía con UTE a 20 años. La letra chica, como siempre, la paga otro.

Qué se comprometió

El proyecto se computa en 500 megavatios y se reparte en tres departamentos: 200 MW en Canelones, 350 MW en Florida y 300 MW en San José. La demanda es enorme para un sistema del tamaño del uruguayo. Y el Estado ya firmó por veinte años quién le compra esa energía y a qué precio.

Los propios especialistas lo admiten. Marcela Mercapidez, de Sabyk, dijo que “la energía que demandaría el centro, según lo anunciado, es enorme, y hoy nuestra matriz depende en gran parte de condiciones naturales como la lluvia y el viento”. Y agregó: “eso es a la vez una gran ventaja y una posible debilidad para garantizar un suministro continuo”.

La tarifa no es la más baja

Diego Oroño, de Auder, fue todavía más claro: “si bien tenemos una matriz renovable muy competitiva desde el punto de vista ambiental, eso no significa necesariamente que tengamos las tarifas eléctricas más competitivas para todos los perfiles de consumo”.

Traducido: el país que se vende como paraíso de la energía limpia no tiene la luz barata. Y ahora el Estado se compromete a reservar capacidad y a comprar energía por dos décadas para un cliente privado, con el riesgo de sequía y de viento flojo sobre la espalda de todos.

Carlos Martínez, de LACNIC, lo presentó como “una gran oportunidad de capitalizar el esfuerzo que se hizo en su momento”. El esfuerzo, claro, ya lo pagaron los usuarios en cada recibo.

Quién compite con quién

La residencia, el comercio y la industria chica compiten por esa misma luz. Cuando el Estado firma contratos a veinte años con un gigante, el que queda en la cola es el contribuyente de siempre. No hay mercado libre cuando el monopolio estatal elige a quién le vende y a qué precio.

La inversión es una noticia. El contrato es el problema. Y la pregunta que nadie responde: ¿cuánto de esos US$ 5.700 millones va a aparecer en el recibo de UTE?