Uruguay ya trabaja con la agenda UNESCO en aulas y redes

Autoridades de la educación y académicos uruguayos y de la región se reunieron en la Universidad Claeh para analizar cómo implementar la Recomendación de la UNESCO sobre educación para la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, aprobada en 2023 por 194 estados, informó la diaria.

Uruguay no llega de cero. En noviembre de 2025, la UNESCO difundió que el país presentó una campaña nacional, "Convivencia en Clave de Paz", para promover entornos escolares libres de violencia. Y el plan de gobierno abierto 2025-2029, liderado por Agesic, orienta su diálogo sobre plataformas, desinformación y discurso de odio en las directrices de la UNESCO de 2023. La propia Agesic difunde material sobre niños y pantallas que cita a la UNESCO para hablar de discurso de odio.

La recomendación no es un tratado y no obliga por sí sola. Pero fija 14 principios y 12 "resultados de aprendizaje", y llega hasta los planes de estudio, las prácticas docentes y la evaluación. Según la UNESCO, la educación debe formar no solo conocimientos sino también valores, actitudes y comportamientos, para que los estudiantes sean "agentes de paz". Y hay plazo: los estados deben informar cómo la aplican antes del 15 de noviembre de 2026.

La recomendación no viaja sola. Las directrices para la gobernanza de las plataformas digitales, publicadas en noviembre de 2023, fijan deberes para estados, plataformas y otros actores. Desde entonces la UNESCO impulsa un foro mundial de reguladores de medios, bajo su paraguas, para coordinar la regulación de las plataformas.

Hasta acá, hechos. Lo que sigue es el problema.

La guía de la UNESCO y la Oficina de la ONU para la Prevención del Genocidio contra el discurso de odio en la educación reconoce la necesidad urgente de una definición común internacional. Es decir: se propone combatirlo en las aulas y regularlo en las redes sin haber acordado qué es.

Las directrices dicen proteger la libertad de expresión y admiten restringir solo lo que el derecho internacional permite limitar. Pero esa frontera la interpretan los estados, los reguladores y las plataformas, no el ciudadano que habla ni el padre que quiere decidir qué valores recibe su hijo.

Nada de esto es hoy obligatorio, ni hay una ley uruguaya que lo imponga. Es un rumbo. Pero el propio plan oficial admite que el régimen uruguayo sobre plataformas es fragmentado, y quien llene ese vacío primero fijará el criterio. Esa es la lectura editorial de SU.

Que Uruguay ordene sus escuelas y sus redes alrededor de un concepto que ni la UNESCO tiene definido en común no es paz. Es manipulación.