Un Estado que se contradice

El gobierno uruguayo puso en marcha una reforma de la normativa que regula la expedición y legalización de certificados de antecedentes judiciales. El detonante no fue un informe técnico ni una auditoría: fue un papel que el propio Estado emitió y después se negó a respaldar.

La Dirección Nacional de Policía Científica emitió un certificado a nombre de Sebastián Marset que indicaba que no registraba antecedentes en Uruguay. El documento se emite para presentar en litigios en el exterior y respondía, sin excepción, a la legislación vigente: transcurridos cinco años del cumplimiento de la última pena sin reincidencia, los antecedentes penales quedan extinguidos a efectos administrativos.

La Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores frenó la entrega y el apostillado. Su argumento: resulta inviable dar el aval del Estado a una persona con una requisitoria judicial activa en el plano internacional.

Dos organismos, dos Estados

El resultado es una escena que resume el funcionamiento del aparato estatal mejor que cualquier editorial. Un organismo certifica. Otro organismo, del mismo Estado, se niega a avalar lo que el primero certificó. Ninguno de los dos cometió un error de procedimiento: los dos aplicaron la norma que les corresponde. El problema es que esas normas conviven y se contradicen.

La ley de extinción del antecedente a los cinco años no cayó del cielo ni la impuso un juez extranjero. La escribió el Estado uruguayo, la votó el Parlamento y la reglamentó el mismo aparato que ahora dice que no puede sostenerla. Cuando el papel salió con el nombre equivocado, la respuesta no fue revisar el diseño: fue frenar el trámite y anunciar un cambio de normativa.

La credibilidad, la víctima

El caso Marset tiene nombre propio y por eso es noticia. Pero el certificado que Cancillería bloqueó no es distinto de los miles que se emiten cada año para trámites laborales, migratorios, académicos o comerciales. Todos se apoyan en la misma promesa: que lo que dice el papel es lo que dice el Estado.

Si un certificado oficial puede quedar en suspenso porque a otro organismo no le gusta el nombre del titular, entonces ningún certificado oficial vale nada. La firma del funcionario de Policía Científica y el sello de Cancillería dejan de ser garantías y pasan a ser opiniones.

El gobierno habla de reformar la normativa. La pregunta que no responde es más simple: si el Estado escribe una regla, la aplica, y después se arrepiente del resultado, ¿quién responde por el papel que ya firmó? No hay reforma que arregle eso. Solo hay un Estado que fabrica documentos y después no los sostiene.