Tres ministros al banquillo y una fiscal castigada

El oficialismo quedó expuesto. Por primera vez en el período, tres ministros del Poder Ejecutivo fueron convocados al Parlamento por temas distintos: seguridad, justicia y puerto. Dos a comisión, uno bajo régimen de interpelación. La oposición movió sus fichas y el Ejecutivo tendrá que dar explicaciones.

Los tres llamados

Carlos Negro, ministro del Interior, fue convocado a la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados para el 22 de octubre, impulsado por el nacionalista Pablo Abdala. Quiere saber "qué alcance tiene el avance de los grupos delictivos brasileños en Uruguay, principalmente el Primer Comando Capital", además del Plan Nacional de Seguridad presentado hace seis meses.

Juan Castillo, ministro de Trabajo, enfrenta una interpelación impulsada por el diputado colorado Adrián Juri, con apoyos del Partido Nacional, Partido Independiente, Identidad Soberana y Cabildo Abierto, por el conflicto del puerto. La moción se presenta el martes siguiente para votarse en el plenario. El Frente Amplio salió a cuestionarla argumentando que el conflicto ya fue solucionado y que hay un acuerdo por cinco años.

Y José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura, fue convocado a instancias del senador colorado Andrés Ojeda. El motivo es el más filoso de los tres.

El Estado castigando opiniones

La fiscal de Corte Mónica Ferrero sancionó a la fiscal Stella Alciaturi por publicaciones en redes sociales hechas antes de 2019 contra el Partido Nacional. El MEC anuló esa sanción, pero el argumento que usó es tan grave como la sanción misma: sostuvo que "no se pudo comprobar que las publicaciones realizadas fueran hechas por la propia fiscal".

Es decir: se castigó a una funcionaria por lo que escribió, sin probar que lo hubiera escrito. Ojeda lo definió como "una decisión inédita del Ministerio de Educación y Cultura".

El caso expone dos problemas de fondo. Primero, el aparato estatal sancionando opiniones: exactamente lo que este medio denuncia. Segundo, el Poder Ejecutivo interviniendo sobre el Poder Judicial para anular una sanción, lo que también es una intromisión indebida.

Nadie debería ser castigado por lo que escribe. Y menos por lo que escribió antes de tener el cargo. Que el Estado se arroque la facultad de sancionar opiniones —y que lo haga sin probar autoría— es la muestra más clara de hasta dónde llega el aparato cuando nadie lo mira.

Los tres ministros tendrán que explicar. Pero el caso Alciaturi es el que deja al desnudo lo que el Estado hace con la palabra ajena.