Taxistas presos de la mampara

La Gremial Única del Taxi presentó el viernes 16 de octubre dos prototipos de taxi sin mampara, equipados con tres cámaras: una frontal que registra el tránsito, una interior que filma el ingreso de pasajeros y una tercera que monitorea el cansancio del conductor. La propuesta es simple: reemplazar la barrera física por tecnología y dejar que cada trabajador decida con qué protege su auto.

La Intendencia de Montevideo no lo ve así. El director de Movilidad, Germán Benítez, sostuvo que la obligación nació por graves episodios de violencia y que la comuna sólo estudiaría cambios si hay consenso entre patronal y sindicato. Traducido: la decisión no la toma el que maneja doce horas por día, la toman dos gremiales y una oficina municipal.

Una norma de 1994 que nadie votó

La mampara se instaló en 1966, pasó a opcional durante la dictadura y volvió a ser obligatoria en Montevideo en 1994. Desde entonces, cada taxista que quiere trabajar debe comprar e instalar una estructura que, según la propia gremial, ya no se justifica: más del 90% de la recaudación diaria es sin efectivo, y los autos de aplicaciones circulan sin mampara y sin que nadie les exija nada.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) rechaza el retiro. Damián Fernández, su secretario de organización, cuestiona la propuesta y advierte que las cámaras "pueden documentar agresiones, pero no detenerlas". Es un argumento razonable sobre la seguridad, pero no responde la pregunta de fondo: ¿por qué el taxista no puede elegir?

El costo lo paga el que maneja

La mampara y el asiento que se pierde son plata que sale del bolsillo del conductor. La comuna no la paga, el pasajero no la paga, el auto de app no la paga. La paga el taxista, por decreto, para cumplir una exigencia que no lo protege más que tres cámaras y que le recorta el auto y la recaudación.

La Gremial Única será recibida por la Junta Departamental el lunes 26 de octubre. Lo que se discute ahí no es un detalle técnico: es si el municipio sigue decidiendo cómo un trabajador independiente protege su vehículo, o si lo deja decidir a él. La regulación no protege a nadie: sólo traslada el costo a quien menos puede pagarlo.