Taxi con mampara obligatoria: 32 años de traba

La Gremial Única del Taxi, que preside Óscar Dourado, presentó el viernes 16 de octubre dos prototipos con videovigilancia para sustituir la mampara obligatoria que llevan los taxis de Montevideo. Cada vehículo propuesto lleva tres cámaras: una frontal para el tránsito, una interior para los pasajeros y una tercera que monitorea signos de cansancio del conductor.

El argumento de la gremial es de sentido común: más del 90% de la recaudación diaria se hace sin efectivo. La mampara nació para proteger al conductor de un asaltante que buscaba plata en mano. Con las tarjetas y las aplicaciones, ese asaltante ya casi no existe. La traba, en cambio, sigue ahí.

Una regla de otra economía

Las mamparas se instalaron en 1966, fueron opcionales durante la dictadura y volvieron a ser obligatorias en 1994. Son 32 años de una norma pensada para una economía sin tarjetas, sin celulares y sin aplicaciones. El taxi montevideano es el único servicio de transporte que carga con esa obligación mientras los vehículos de aplicaciones, sin mampara ni nada parecido, le comen el mercado.

El Suatt, cuyo secretario de organización es Damián Fernández, rechaza el retiro. Sostiene que las cámaras pueden documentar agresiones, pero no detenerlas físicamente. Es una discusión legítima entre quien maneja y quien representa al que maneja. El problema es quién la resuelve.

La Intendencia decide con consenso sindical

El director de Movilidad de la Intendencia, Germán Benítez, fue claro: la comuna podría estudiar cambios solo si hay consenso entre patronal y sindicato. Sin acuerdo, no prevé modificar la norma. Es decir, el permiso para trabajar cómodo no lo define el trabajador ni el pasajero: lo define una oficina que espera que dos gremios se pongan de acuerdo.

Los empresarios piden algo mínimo: que la mampara sea opcional, con consentimiento del conductor y del permisario. Nada más. La Comisión de Movilidad de la Junta recibirá a la gremial el lunes 26 de octubre.

Mientras tanto, el taxista sigue manejando detrás de un vidrio que ya no lo protege de nada, pagando la instalación, el mantenimiento y el espacio que le roba el habitáculo. El pasajero paga la misma regla en cada viaje. Y la Intendencia, dueña del permiso, espera el consenso de otros para dejar de cobrarla.