Protección federal, ninguna

Reynaldo Pérez Pérez tenía protección federal. El Estado mexicano se la había asignado por las amenazas y los ataques que venía sufriendo desde hacía años. El 28 de octubre, a las 15:20, lo mataron a balazos en Chenalhó, Chiapas. La custodia oficial no apareció en ningún lado.

La secuencia

A las 15:00 el activista llegó en un Tsuru gris plata a un taller mecánico de la primera fracción de Yateklum. Un individuo en moto pasó cerca, se fue y volvió minutos después con un segundo hombre. Fue ese segundo atacante el que se bajó y disparó. Veinte minutos entre la llegada y el crimen, con protección federal asignada.

Quién hizo el trabajo

La Fiscalía de Chiapas detuvo a dos presuntos responsables: Manasés “N” y Alberto “N”, alias “El Semáforo”. El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que las detenciones salieron de “un exhaustivo análisis de videograbaciones” que permitió identificar a los sospechosos y establecer que el crimen fue premeditado.

Las cámaras hicieron lo que la estructura de protección no hizo: ver. El Estado prometió custodia y entregó un papel. La vigilancia que resolvió el caso no fue la del organismo que debía cuidarlo, sino la que quedó registrada en un video.

El papel y el hecho

La protección estatal es una promesa administrativa: se firma, se archiva y se supone que alguien la ejecuta. Cuando ese alguien no está, el resultado se cuenta en un cuerpo. Lo que sí funcionó fue el registro: una cámara que no cobra sueldo, no pide custodia y no falla por falta de voluntad.

La pregunta que queda para el lector uruguayo es incómoda y no necesita respuesta oficial: si mañana le prometen protección, ¿confía en el que firma o en la cámara del comercio de la esquina?