México y la ONU se pelean por los desaparecidos

El representante del Gobierno de México, Arturo Medina Padilla, cuestionó este 20 de octubre de 2026 la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y reivindicó los registros oficiales de su país como "la guía correcta" en materia de derechos humanos y desapariciones. Lo hizo durante la Asamblea General, frente al organismo que preside el ecuatoriano Juan Pablo Albán Alencastro.

La respuesta mexicana no llegó sola. Albán denunció en redes que se impidió el ingreso de familiares de desaparecidos al recinto porque mostraban fotografías de sus seres queridos. «Su presencia merecía respeto y disposición para escuchar, y debería recordarnos a quién está destinado a servir nuestro trabajo», escribió el presidente del Comité.

Dos conteos, ninguna familia con nombre

El resultado es una escena que se repite: un Estado que discute el número de sus desaparecidos como si fuera una cuestión de imagen, y un organismo no electo que habla de derechos mientras decide quién puede cruzar la puerta. Ninguno de los dos entrega lo único que importa: la lista verdadera, con nombre y apellido, de las personas que faltan.

México supera los 130.000 desaparecidos según los registros que circulan en la prensa mexicana. El gobierno federal reportó 132.534 en marzo de 2026, según La Jornada. La cifra exacta al 21 de octubre no está confirmada en fuente abierta, y ese es justamente el problema: el número se mueve, se corrige, se presenta como argumento. Mientras tanto, una nota de Reforma titulada "Detectan datos falsos y fallas en Registro de Desaparecidos" deja la sospecha sobre la propia base de datos estatal.

El registro es un monopolio

Quien controla el registro controla el relato. El Estado mexicano administra la lista de los que faltan, decide qué se cuenta y qué no, y cuando un organismo internacional lo incomoda responde con sus propios números. El Comité, por su parte, no es una autoridad neutral: es un cuerpo técnico sin mandato electoral que se arroga el derecho de decir qué familia entra y qué familia espera afuera con la foto en la mano.

La víctima no aparece en ninguna de las dos listas. No está en el conteo oficial que se corrige cada tanto, ni en la sala de la Asamblea General donde se discutió su caso. Está en la puerta, con una fotografía, esperando que alguien —el Estado o el organismo— se digne a nombrarla.

En Uruguay pasa lo mismo con los detenidos-desaparecidos de la dictadura: el Estado administra el registro, fija el conteo y no hay cifra oficial actualizada. El mecanismo es idéntico, cambia el país.