Mercedes marcha y el intendente pide ley

Una multitud de vecinos de Mercedes, en Soriano, marchó el martes 20 de octubre hasta la Jefatura de Policía y después hasta la Intendencia. Reclamaban tres cosas concretas: que se aplique la Ley de Vagancia, que se saquen los cuidacoches y que se desaloje un asentamiento cerca de la estación ferroviaria. La marcha la promovieron trabajadores de una cadena de supermercados, pero se sumó gente de toda la ciudad.

El jefe de Policía de Soriano, comisario general Luis Enrique González, salió a hablar a la calle. Su respuesta fue la de siempre: «Los policías, como los fiscales y los jueces, tenemos que actuar en base a normas y no podemos salirnos de ellas». Y agregó: «Para detener a una persona necesitamos la orden de un juez, que es tramitada por la fiscalía».

Después la marcha se trasladó a la Intendencia. El intendente Guillermo Besozzi bajó a la vereda a dialogar con los vecinos. Dijo que el problema de los cuidacoches es «endémico» en muchas ciudades del país, que «la seguridad no es de la Intendencia, el tránsito sí» y que va a pedir por escrito a la Policía que los saque, «pero no los pueden sacar». El cierre fue el más revelador: «Hoy, la única solución es la denuncia. Habrá que cambiar alguna ley».

Un vecino, a los gritos, resumió la escena: «¡Tienen que moverse más!».

Nadie sabe de quién es el problema

La escena de Mercedes es una radiografía del monopolio de la fuerza con trabas. La Policía dice que sin orden judicial no puede. El intendente dice que la seguridad no es suya. La Justicia no aparece en la marcha. Y el vecino que salió a caminar vuelve a su casa con la misma nada.

El otro damnificado es el que trabaja en la calle. Su oficio depende de que alguien, desde un escritorio, decida si es legal o no. La regulación municipal de la calle —quién puede trabajar, dónde, con qué permiso— no ordena el espacio: lo convierte en una concesión que se pide y se niega.

La salida que se ofrece siempre es otra ley. Pero la ley que falta no es la que resuelve: es la que creó el problema. Los comercios y los barrios que quieren seguridad pueden contratarla, organizarse y establecer sus propias reglas de convivencia. Eso no requiere que Besozzi pida un permiso ni que un juez firme un papel para sacar a alguien de la puerta de un supermercado.

Mientras tanto, la marcha se disuelve, los vecinos vuelven a casa y la próxima reunión será para redactar otra norma que tampoco se va a aplicar.