Le retuvieron el celular y no se lo devuelven

Un periodista de la sección policial denunció públicamente que Interpol y la Fiscalía le retuvieron el celular y no se lo devuelven. La frase con la que lo dijo, según el titular de El País este 16 de octubre, es una sola: "Es un atropello".

El caso tiene todos los elementos del abuso de manual. Un aparato estatal se queda con el instrumento de trabajo de quien informa y lo deja sin explicación ni plazo. No hay condena, no hay devolución, no hay fecha. Hay un celular retenido y un periodista que no puede trabajar.

Confiscar sin devolver es expropiar

Retener un teléfono sin plazo es una expropiación de facto. El celular de un periodista no es un objeto cualquiera: es su agenda, sus fuentes, sus contactos, sus notas y su forma de comunicarse con el mundo. Quitárselo y no devolverlo es apagarle el instrumento de trabajo y, con él, la posibilidad de seguir informando.

La coacción estatal no necesita una ley que diga "censura" para funcionar como censura. Le basta con un expediente abierto, una retención sin fecha y un mostrador donde nadie da explicaciones. El resultado es el mismo: el que informa queda sin herramientas.

El burócrata no rinde cuentas

Interpol y la Fiscalía son organismos que no elige nadie y que no rinden cuentas ante el público. Cuando retienen un celular, no hay un juez visible en la foto, no hay un plazo publicado, no hay un responsable con nombre que explique por qué el aparato sigue en un cajón. Hay un trámite. Y el trámite, como siempre, lo paga el ciudadano.

La libertad de prensa no se defiende con discursos en los aniversarios. Se defiende cuando el Estado le devuelve el teléfono al periodista y le explica por qué se lo llevó. Mientras eso no pase, la denuncia de este periodista es la denuncia de todos: cualquiera puede ser el próximo al que le retienen el instrumento de trabajo y le responden con el silencio.