La trampa de los derechos: lo que la izquierda nunca te quiso explicar

Durante más de medio siglo, la izquierda construyó su poder político sobre una operación conceptual que pocos se detuvieron a cuestionar: redefinir la palabra “derecho”. No fue un error semántico. Fue una estrategia. Y funcionó.

El analista político argentino Santi Caputo lo puso en palabras con precisión quirúrgica en un hilo que circuló esta semana en redes sociales. En la teoría democrática liberal — y aclaró que no hay otra — los derechos no son privilegios que el Estado debe garantizar para cada individuo. Son prerrogativas naturales del individuo que el Estado debe asegurar que nadie viole. La distinción parece sutil. No lo es.

La función del Estado, en la tradición liberal que fundó las democracias occidentales, es una sola: garantizar que ningún otro individuo — ni el propio Estado — pueda prohibir el ejercicio de los derechos naturales de una persona. Eso es todo. No implica garantizar el resultado concreto de ese ejercicio. Implica garantizar que nadie te impida ejercerlo.

El ejemplo es tan simple que incomoda: tener derecho a una vivienda digna significa que nadie puede quitarte tu casa por la fuerza. No significa que el Estado está obligado a financiártela con el dinero de los demás. Tener derecho a educarse significa que nadie puede impedirte aprender. No significa que la universidad deba ser gratuita y subsidiada por los contribuyentes. Tener derecho al trabajo significa que nadie puede esclavizarte. No significa que el Estado te deba un empleo público o una beca.

La confusión no es accidental. La izquierda tomó los derechos negativos — aquellos que exigen que el Estado y los demás se abstengan de actuar contra vos — y los convirtió en derechos positivos: exigencias de que el Estado actúe, provea, financie y redistribuya. Así justificó cada expansión del gasto público, cada nueva agencia estatal, cada programa que en la práctica implica sacarle el dinero a unos para dárselo a otros. Lo llaman “derechos”. En la teoría liberal es otra cosa: es coerción institucionalizada.

Caputo recordó también la distinción que los fundadores del liberalismo clásico establecieron con claridad: para el individuo, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Para el Estado, todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. Es una asimetría deliberada. El poder arbitrario del Estado es la amenaza central de la que la Constitución debe proteger al ciudadano — no una herramienta para administrar la vida de las personas.

En Uruguay el debate llega con nombre y apellido. El “derecho” a la educación pública gratuita, el “derecho” a la salud estatal, el “derecho” a la jubilación administrada por el BPS, el “derecho” al subsidio de desempleo indefinido. Ninguno de estos instrumentos es, en sentido estricto, un derecho. Son políticas públicas que implican la transferencia coercitiva de recursos de unos ciudadanos a otros. Pueden ser discutibles como instrumentos de política social — pero llamarlos “derechos” es una falsificación conceptual que lleva décadas distorsionando el debate político en el país.

El resultado está a la vista: un Estado que creció sin límites porque cada nueva demanda se convirtió en un “derecho” que justificaba su expansión. Y una ciudadanía que aprendió a pedir en lugar de producir, porque el sistema político le enseñó que el Estado le debe el resultado — no solo la libertad de intentarlo.

Recuperar el lenguaje es recuperar el debate. Mientras la izquierda siga llamando “derechos” a lo que son transferencias coercitivas, el Estado seguirá creciendo sobre el lomo de los que producen. El liberalismo tiene la respuesta. Falta que alguien se anime a darla con esa claridad.