Jubilarse a los 60: permiso del Estado

El Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley que crea una causal de retiro anticipado a los 60 años de edad con 30 años de servicio. Lo anunció el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, tras el Consejo de Ministros que encabezó Yamandú Orsi. La norma alcanza a los afiliados al BPS y a las AFAP, y faculta a las cajas paraestatales a sumarse.

El gobierno la presenta como un avance: "Ahora podrán jubilarse a los 60 años y tendrán una jubilación mejor o superior", dijo Sánchez, que remarcó "la trascendencia de otorgar la libertad de elección a los trabajadores".

Libertad de elección, con permiso

El problema es el punto de partida. Si jubilarse a los 60 requiere una ley, un decreto y la firma del Ejecutivo, entonces no es libertad: es un permiso. El trabajador que aportó 30 años no dispone de su propio ahorro; le pide autorización al mismo Estado que administra el monopolio de la seguridad social.

Para ingresos bajos y medios bajos, el retiro anticipado llega con montos similares o mayores a los vigentes antes de la reforma de la ley n.º 20.130, de mayo de 2023. Para ingresos medios y altos, hay incentivos para postergar el retiro de forma gradual hasta los 65 años: a mayor aplazamiento, mayor retribución. La causal no es compatible con seguir trabajando.

El Ejecutivo asegura que el diseño "no genera erogaciones ni compromete la sustentabilidad" del sistema. El costo máximo estimado es de 0,16% del PIB entre 2040 y 2045, según las proyecciones de los servicios actuariales del BPS, decreciente hasta tornarse nulo a largo plazo.

El favor por decreto

La discusión de fondo no es la edad. Es quién es dueño de la plata. En un sistema de reparto, la jubilación no es propiedad del trabajador: es un beneficio que el Estado otorga, ajusta y condiciona. Por eso una causal nueva se anuncia como concesión y no como derecho.

La causal a los 60 es, en el mejor de los casos, menos daño. El problema sigue siendo el monopolio estatal del ahorro previsional, que convierte 30 años de aportes en un favor por decreto y traslada el costo a los que vienen.