Golpe de Estado institucional en Brasil

Lula da Silva fue virtualmente reelecto con 64.217.873 votos (51,78%) contra 59.806.787 (48,22%) de Flávio Bolsonaro, con el 99,95% de las urnas escrutadas, según Mix Vale. La diferencia es de unos 4,4 millones. Flávio no reconoce el resultado y anunció que pedirá la anulación: «É impossível reconhecer o resultado dessa eleição no contexto em que essas coisas aconteceram».

Sus argumentos son tres. La prórroga de la votación hasta las 19:00, decidida por el ministro Cristiano Zanin, que fue abogado de Lula, y no por un ministro del TSE. El retiro de fiscales del PL de la sala-cofre, según su afirmación. Y la desigualdad entre regiones, porque la medida llegó cuando algunos locales ya habían cerrado. Su campaña también había pedido extender el horario en San Pablo, Paraná y Santa Catarina por la lluvia, y las acusaciones no fueron probadas, según InfoMoney.

Hay un dato que exige explicación. Lula pasó de 53,9 millones de votos en la primera vuelta a 64,2 millones: más de 10 millones. Flávio subió de 56,1 a 59,8 millones, unos 3,7 millones. Tres de los cinco candidatos derrotados en la primera vuelta, Augusto Cury, Ronaldo Caiado y Romeu Zema, habían anunciado su apoyo a Flávio, según El Español. Ninguno de los principales derrotados apoyó a Lula.

Para ser exactos con los números: en la primera vuelta, los candidatos eliminados sumaban cerca del 7,8% de los votos válidos, unos 9,3 millones, y en la segunda hubo unos 4,7 millones más de votos válidos. Esos 14 millones alcanzan, en cifras, para explicar el crecimiento de ambos. La pregunta que queda es por qué se repartieron en esa proporción, cerca de tres de cada cuatro para Lula, si buena parte de sus dirigentes apoyó al otro lado.

A eso se suma el debate técnico. Las urnas brasileñas no imprimen un voto verificable por el elector. El TSE sostiene que el sistema es auditable y seguro, y cada urna imprime un acta con código QR que puede compararse con los datos publicados. Esa verificación no es sencilla para un ciudadano, y los críticos del sistema exigen un comprobante impreso.

Una elección decidida por 4,4 millones de votos, con una prórroga inédita ordenada por un exabogado de una de las partes y con denuncias sobre la sala-cofre, no se cierra con un comunicado. La derecha en Brasil exige una auditoría independiente de las actas, una investigación pública de lo ocurrido con los fiscales del PL, y que el TSE responda con transparencia el pedido de anulación. Hasta que eso ocurra, Bolsonaro no da por zanjada la legitimidad del resultado.