El puerto es de uno solo

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, dijo este miércoles que el gobierno analizará con "extrema seriedad y rigurosidad" la propuesta de Neltume Ports —accionista mayoritaria de Montecon— para construir una segunda terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo. Traducido: no hay respuesta.

En el puerto ya opera Terminal Cuenca del Plata (TCP), cuya gestión mayoritaria está en manos de Katoen Natie. Un solo operador. Un solo dueño del negocio. Y un reglamento estatal que hasta hace poco lo blindaba por escrito.

El reglamento que impedía competir

Neltume sostiene que su proyecto está dentro de la normativa vigente y se apoya en una sentencia de diciembre de 2025 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que anuló una cláusula del régimen de gestión de TCP. Esa cláusula establecía restricciones para conceder la explotación de otras terminales especializadas en contenedores. Es decir: el Estado había escrito en un contrato la prohibición de que apareciera un competidor.

El TCA la borró. Neltume lo dice sin vueltas: "Con esa disposición anulada, el Estado ya no se encuentra sujeto a dicha limitación para otorgar nuevas concesiones".

Katoen Natie, en cambio, advirtió que la terminal de Neltume supondría un cambio en las reglas de juego y que la empresa podría avanzar en un arbitraje internacional. Su gerente de Relaciones Institucionales, Fernando Correa, lo había anticipado días antes a El Observador: "Uruguay dijo que respeta los contratos firmados; esperemos que así sea".

"Seguridad jurídica" para sostener el privilegio

La ministra contestó lo que nadie preguntó: "El gobierno no va a tomar decisiones sobre la base de presiones. Tenemos una responsabilidad que es con el país. El puerto es un activo del país y, por lo tanto, vamos a tomar las decisiones que sean mejores para el país". Y agregó que trabajarán "ajustadas a derecho, que respeten la seguridad jurídica".

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, fue más explícito el martes: "Hay un contrato firmado por el Estado uruguayo con la terminal de contenedores y eso tiene una naturaleza jurídica que tiene que ser evaluada". Y remató: "Por ahora, tenemos un contrato que establece un reglamento de atraque y que limita la posibilidad de que exista una terminal de contenedores adicional".

Ahí está el punto. El Estado no es árbitro de esta pelea: es la parte que escribió el reglamento que reserva el puerto más importante del país a un solo operador. La "seguridad jurídica" que invoca el gobierno es la seguridad jurídica de un privilegio: la cláusula que el TCA anuló existía, precisamente, para impedir la competencia.

Que dos empresas se disputen el negocio es la prueba de que hay mercado. Lo que falta no es un árbitro más riguroso: es que el Estado deje de repartir licencias. Mientras tanto, el que importa y exporta sigue pagando, en cada contenedor, la falta de competencia en la única terminal que hay.