El jefe antidrogas filmó los allanamientos con su celular

El director antidrogas Robert Correa quedó en el centro de un escándalo que sacude al Ministerio del Interior: fue él quien registró con su propio celular parte de las imágenes de los allanamientos de la llamada Operación Trazador, y ese material terminó filtrándose a la prensa.

Los videos no salieron de un archivo judicial ni de un procedimiento formal. Salieron de cámaras corporales de los policías y de teléfonos personales en la propia escena. Entre esos teléfonos, el del propio jefe antidrogas.

Rostros al descubierto

La consecuencia es concreta: los rostros y hasta los tatuajes de los efectivos que participaron de los operativos quedaron al descubierto. La fuente lo describe sin vueltas: el material "no solo puso en riesgo la integridad física de efectivos policiales —cuyos rostros y tatuajes quedaron al descubierto—, sino que operó como un misil teledirigido contra figuras del espectro político".

En el mismo movimiento, un cambista vinculado a la red logró evadir a la justicia después de que los videos se viralizaran. Se incautaron millones de dólares y máquinas de contar billetes, pero el nombre del prófugo no trascendió.

El cruce en el Parlamento

El escándalo escaló rápido. La investigación del programa Todo se Sabe y la caída de Pablo Leyva —operador vinculado a redes de lavado de activos y contratado como asesor por un edil del Partido Nacional— desataron el cruce en el Parlamento. Bancadas opositoras y oficialistas se exigieron respuestas mutuamente. El exministro Nicolás Martinelli y legisladores de varios sectores reclamaron investigaciones administrativas urgentes y protección para los policías expuestos.

La lectura que dejó la cobertura es filosa: "la lealtad a la corporación política suele anteponerse al sigilo que exige la lucha contra el crimen organizado".

El monopolio como problema

Lo que muestra el caso no es una falla individual ni un error de procedimiento aislado. Es el funcionamiento normal de un aparato que concentra la fuerza, la información y la decisión en las mismas manos. La información reservada de una causa por narcotráfico terminó usándose como munición interna entre sectores. Los agentes que arriesgan el cuerpo quedaron expuestos. El cambista, libre. Y la cuenta la paga, como siempre, el contribuyente que financia ese monopolio.

No hay purga que arregle un diseño que nace torcido. Mientras la lucha contra el narco dependa de un aparato estatal que administra sus propios secretos según la conveniencia política del momento, los videos van a seguir saliendo por donde menos conviene.