El 73% quiere que el Estado críe a tus hijos

Una encuesta no es una ley. Pero hay quienes ya la están tratando como si lo fuera. El Monitor de Educación 2026 de Ipsos, con 23.537 personas de 16 años o más en 31 países, dice que el 73% apoya prohibir las redes sociales a los menores de 14 años, dentro y fuera de la escuela. Y ese número, que solo mide lo que la gente opina, ya se está convirtiendo en el argumento de quienes quieren decidir por vos qué puede hacer tu hijo con su teléfono.

El dato que van a usar contra vos

El apoyo a la prohibición subió en 28 de los 31 países relevados desde 2024. Alemania es la única excepción, con un 48%. El sondeo se hizo entre junio y julio de este año, y la nota que lo difunde es del 14 de octubre. En el mismo informe, apenas el 39% cree que la IA debería prohibirse en los centros educativos: la misma gente que desconfía de las pantallas entiende que la tecnología en el aula puede ampliar oportunidades. El 59% no considera seguros los espacios online; el 33% menciona la salud mental como el principal desafío de los jóvenes.

Uruguay ya tiene su propia maquinaria

Acá no se hizo la encuesta, pero el terreno está preparado. Desde fines de junio hay una consulta pública —con resultados previstos para fines de noviembre— en la que participan el Parlamento, Agesic, el Consejo Nacional Consultivo Honorario de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Ceibal y el PNUD. En agosto, el diputado colorado Felipe Schipani presentó un proyecto para que los menores de 15 no puedan abrir ni mantener cuentas en redes sociales.

El diagnóstico que usan viene de Kids Online (Ceibal, Unicef y Universidad Católica, 7.822 chicos de 9 a 17 años, presentado a fines de 2023): 9 de cada 10 se conectan a diario y 1 de cada 3 tuvo una experiencia negativa. Son datos reales. El problema no es el dato: es el salto que se pretende dar desde ahí hasta la prohibición.

La familia decide, no el regulador

Christine Tresignie, de Ipsos, lo dijo con claridad: la gente distingue entre las tecnologías que ve como amenaza y las que cree que mejoran el aprendizaje. Esa distinción es la que el regulador aplasta cuando convierte una preocupación de los padres en una ley que los deja sin voz. Irene González, de Ceibal, advirtió que la IA "tiene el potencial de generar más brechas" y habló de "copiar y pegar sin pensar nada". Preocupaciones legítimas, todas. Ninguna justifica que un funcionario, un diputado o una consulta pública decidan por el padre y por el chico.

Que el 73% de una encuesta quiera prohibir no lo hace correcto. El consenso de la mayoría no es un cheque en blanco para coaccionar a la minoría. Si un padre quiere limitar las pantallas de su hijo, que lo haga: es su casa, su plata y su responsabilidad. Lo que no puede pasar es que el Estado se meta en el medio, con la excusa del bienestar infantil, y le saque la decisión a quien mejor conoce a ese chico. La preocupación por los pibes es real. La solución que proponen es la misma de siempre: más Estado, menos libertad.