Cosse abre el Parlamento a Majida al-Masri, dirigente de un grupo terrorista

La vicepresidenta Carolina Cosse autorizó que el 26 de octubre hable en el Palacio Legislativo Majida al-Masri, dirigente del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP), una organización que Israel designa como terrorista.

Al-Masri no viaja: intervendrá por video desde Cisjordania, según el senador frenteamplista Gustavo González, que pidió la sala por solicitud de la Embajada de Palestina. El acto es a las 18:00, con entrada libre, en el Salón de Eventos Especiales, por el Día de la Mujer Palestina.

La Coalición Republicana le pidió a Cosse que lo impida. En su carta, los legisladores sostienen que el brazo armado del FDLP participó junto a Hamás en los ataques del 7 de octubre de 2023, y le atribuyen frases como “resistencia en todas sus formas”. SU no verificó esas declaraciones. Telenoche, por su parte, citó a Human Rights Watch para señalar que el FDLP participó del ataque, dato que tampoco pudimos corroborar en el informe original. El embajador de Israel, Eldad Hayet, también objetó el evento.

Cosse respondió que “en Uruguay rigen la libertad de reunión y la libertad de expresión”, y que no le corresponde decidir quién habla en actividades de los parlamentarios. El responsable, dijo, es quien firma la solicitud.

Del lado oficialista, González sostuvo que la oposición “se confundió”, que el FDLP es legal en Palestina y que no figura en la lista estadounidense de organizaciones terroristas. El senador Daniel Caggiani dijo no conocer los vínculos de Al-Masri. Sebastián da Silva la llamó “terrorista de Hamás”, pero ella integra el FDLP, no Hamás.

La contradicción está en el propio expediente. González aseguró que el FDLP no cometió “jamás un atentado”, mientras la carta de la oposición enumera atentados atribuidos a la organización, entre ellos el de Ma’alot, el 15 de mayo de 1974. Son dos relatos incompatibles, y mientras se decide cuál es el cierto, el escenario lo presta la casa de todos los uruguayos.

Nadie discute la libertad de expresión. Lo que se discute es quién pone la sala y quién decide a quién se la presta: el contribuyente paga el edificio y el oficialismo maneja la agenda.