Colonia: siete condenados y un menor internado

La Justicia desarticuló en Colonia una red de suministro de estupefacientes. El saldo: siete personas condenadas y un adolescente internado. Las identidades no trascendieron y tampoco, hasta ahora, el barrio o la localidad exacta donde la estructura operaba.

El dato que importa no es el operativo: es el menor. Un chico que terminó adentro de la red antes de terminar la escuela. Ahí está el verdadero costo de un negocio que prospera porque el Estado lo administra mal: prohibición sin control del territorio, cárceles que no cortan la cadena de mando y una burocracia que llega siempre después del daño.

El negocio que no se corta

Condenar a siete no desarma nada si la estructura sigue funcionando desde adentro. El mercado negro de estupefacientes existe porque el Estado lo creó con la prohibición: precios inflados, cero control de calidad, y un ejército de reclutadores que buscan a los más vulnerables, los menores, para mover la mercancía sin consecuencias penales.

Los vecinos de Colonia son los que pagan la cuenta: conviven con la venta en la esquina, con el ruido, con el miedo. Y el adolescente internado es la prueba de que el sistema llega tarde y mal.

La salida no es más burocracia ni más ministerios. Es terminar con el monopolio estatal de la seguridad y de la justicia: cárceles gestionadas por privados que rindan cuentas, comunidades que puedan defenderse, y un Estado que deje de crear el problema que después dice combatir.