Colau quiere cobrar un 10% al alquiler

Ada Colau, candidata de una coalición de izquierda a las elecciones generales españolas del 29 de noviembre, propuso crear un impuesto del 10% sobre el valor de la propiedad cuando el inmueble se alquile por encima del "índice estatal" de precios considerados asequibles. Lo dijo en una entrevista radial en Onda Cero, en el programa Más de Uno con Rafa Latorre.

El mecanismo es simple y viejo: el Estado fija un precio, lo llama "asequible" y castiga con un impuesto a quien no se adapta. "Si tú pones el precio de un alquiler por encima de lo que sería un precio asequible, y eso se establece con un índice estatal, un impuesto del 10% del valor de la propiedad hace que no te salga a cuenta seguir especulando", explicó la candidata.

La frase que mejor retrata el esquema la dijo ella misma: "Si esos precios bajan un 30%, tú no tienes impuesto. Si no respetas ese índice, te ponemos un impuesto". No es una política de vivienda: es un control de precios con otro nombre. El contribuyente paga si no obedece el número que escribió un burócrata.

El cuento del especulador

Colau sostiene que "las viviendas son para vivir, no para especular" y que "no hay una falta de viviendas". El problema, según su relato, no es la oferta sino el "mal uso". Traducido: el que alquila su propiedad a un precio que el Estado no aprobó es un especulador al que hay que cobrarle.

La realidad es la contraria. Cuando se pone un techo al precio, los propietarios retiran pisos del mercado, se construye menos y cada unidad disponible se disputa entre más gente. El resultado no es un alquiler más barato: es menos oferta y precios más altos para el que queda. España ya probó el tope de alquileres y el efecto fue exactamente ese.

La candidata promete proteger al "pequeño propietario" y dice que los pequeños "no forman parte del problema en absoluto". Pero el impuesto no distingue: cae sobre el ahorrista que puso sus ahorros en un inmueble para alquilarlo, igual que sobre el fondo de inversión. El pequeño propietario es la primera víctima del esquema.

Quién paga la cuenta

La recaudación, según la fuente, "serviría para financiar políticas públicas de vivienda". Es decir: se le saca plata al que alquila para que el Estado decida dónde ponerla. La construcción de vivienda pública "lleva años", admite la propia candidata, mientras el impuesto se cobra ya.

El camino para que el alquiler baje no es un índice estatal ni un impuesto al propietario. Es libre oferta, libre construcción y menos permisos que encarecen cada metro cuadrado. Todo lo demás es ponerle un precio político a la vivienda y mandarle la factura al inquilino.