Amenazan a la familia del presidente de Bolivia

El gobierno de Bolivia presentó una denuncia penal ante la Fiscalía por las amenazas recibidas por la familia del presidente Rodrigo Paz. El viceministro de Transparencia, Yamil García, confirmó la presentación, y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que hay varias amenazas bajo investigación.

Paz no dudó en señalar el origen: "Mi familia tiene riesgo por haber tomado decisiones contra los Marset, contra los criminales de alta alcurnia". El presidente boliviano puso nombre y apellido al conflicto que hoy le cuesta la tranquilidad de su casa.

La banda que nació en Uruguay

Sebastián Marset fue capturado en marzo en Bolivia tras casi tres años prófugo y trasladado a Estados Unidos. La organización que lideraba se armó, en buena medida, con documentos oficiales uruguayos. Esa es la parte que a los uruguayos les toca de cerca: la estructura criminal que hoy amenaza a un presidente extranjero tiene raíces locales y creció al amparo de papeles que el propio Estado uruguayo emitió.

El dato institucional es todavía más incómodo. El exfiscal general Roger Mariaca fue destituido y encarcelado a fines de setiembre, acusado de presuntamente encabezar una organización que protegía redes del narcotráfico, entre ellas la de Marset. También se detuvo a los brasileños Gerson Palermo, del PCC, y Kléber Nóbrega Pereira, del Comando Vermelho, entregados a su país.

García fue explícito: "no podemos tolerar que el crimen organizado utilice mecanismos de amenazas para evitar que continuemos luchando contra la corrupción".

Qué se sabe y qué no

Hasta ahora no hay identificados ni detenidos por las amenazas. La denuncia existe; los responsables, no. La fecha exacta del "martes" surge de la nota publicada el 20 de octubre y no se verificó de forma independiente.

La lección para Uruguay no pasa por crear más organismos internacionales ni por pedirle a ningún Estado que llegue a resolver lo que el narcotráfico ya instaló. Pasa por cortar lo que sostiene a estas bandas: el lavado de dinero y los documentos falsos que les permiten operar como empresas legales. Mientras eso siga funcionando, la próxima amenaza no va a necesitar nombre propio.