Absuelven al militar y la impunidad sigue

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno revocó la condena de 25 años de penitenciaría que la jueza Isaura Tórtora había impuesto el 1º de setiembre de 2025 al militar retirado Adi Bique Álvarez por el homicidio del dirigente sindical sanducero Ivo Fernández Nieves.

Bique era el segundo jefe del Batallón de Infantería Nº 8 de Paysandú en 1976. Fernández fue detenido el 18 de enero de ese año y murió tres días después, bajo interrogatorio, dentro de la unidad militar. Medio siglo más tarde, la Justicia decide que no hubo condena.

Un fallo que borra la condena

En la misma causa, Ramón Larrosa Santosmauro —que cumplía funciones de inteligencia— recibió 25 años y 6 meses de penitenciaría. La revisión del Tribunal alcanzó a Bique y dejó su condena sin efecto. La fuente no reproduce el texto del fallo ni los fundamentos de los ministros, y tampoco consta si Larrosa fue alcanzado por la misma revisión.

El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, calificó la decisión de “equivocada” y anunció que existen fundamentos jurídicos para impugnarla mediante un recurso de casación.

Cincuenta años y ninguna respuesta

En enero de 2026, al cumplirse 50 años del homicidio, Paysandú volvió a homenajear a Fernández en el puerto. El mismo Estado que lo detuvo y lo mató es el que ahora, por la vía de sus tribunales, deja el caso sin condena firme.

No es un detalle procesal: es el resultado previsible de un aparato que se investiga a sí mismo. La impunidad no se decreta de una vez; se administra con fallos, recursos y tiempos. Mientras la causa sigue abierta, el mensaje es claro: el poder militar mata y, cincuenta años después, la estructura estatal encuentra la manera de que nadie pague.

La salida no es pedirle más Estado a un Estado que ya falló dos veces. Es exigir que los responsables concretos —los jueces que firman, los fiscales que apelan, los militares que callan— rindan cuentas por nombre y apellido.