Una semana en China y un local bajo la lupa

El edil nacionalista Gonzalo Gómez estaba de viaje en China cuando el caso de su asesor condenado se volvió público. No volvió entonces. Siguió en China. Su primera reacción fue un descargo escrito en la red social X, en el que anunció que a su arribo al país se sometería a las instancias del partido. El arribo no fue inmediato: la Justicia ya había condenado a Pablo Leiva por lavado de activos y tráfico interno de municiones, la noticia estaba en todos los medios y el edil seguía a doce mil kilómetros.

Volvió el fin de semana y el lunes 28, a las 16:38, dio la conferencia de prensa con la que intentó cerrar el tema. Sobre el viaje no dio explicaciones: qué fue a hacer a China y por qué no volvió antes no aparecen en su relato. Tampoco las dio el Partido Nacional. El propio Gandini, el 24 de setiembre, dijo que estaba esperando que el edil regresara.

El local de cobranzas de la esposa de Gandini

Leiva no era solo el asesor de Gómez. Según la investigación de la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, era cliente habitual de un local de cobranzas ubicado a pocas cuadras de su casa. Ese comercio pertenece a la esposa de Jorge Gandini, dirigente nacionalista y director de la Administración Nacional de Puertos, y a quien Gómez señaló como líder de su sector, Por la Patria.

Gandini compareció el 22 de setiembre —antes de que Gómez volviera y antes de que diera explicaciones— y dijo que lo hacía porque la situación involucraba a su familia. "Pone en juego el honor de mi familia, particularmente el de mi esposa", afirmó. Su versión: Leiva era un cliente del barrio, conocido hacía dos años y medio, que allí pagaba facturas de BPS de dos empresas constructoras. "No hay registros de que fuera a cambiar dinero", sostuvo, y agregó que la agencia tiene 14 cámaras que registran los movimientos. Él, su esposa y las encargadas quedaron a disposición de Fiscalía.

Gandini también marcó distancia sobre la contratación: dijo que desconocía que Gómez hubiera contratado a Leiva, que el condenado nunca militó en la lista 250, y que él deberá explicar por qué lo hizo. Aclaró que desde la agrupación habían colocado a dos personas en la secretaría de Gómez y que el edil contrató por su cuenta a otras tres, entre ellas al hijo de Leiva y después a su padre. La Fiscalía todavía tiene que resolver si abre una investigación para indagar el rol del local. Gandini dijo que el expresidente Luis Lacalle Pou lo respaldó.

Lo que dejó Leiva

La Operación Trazador empezó con una denuncia anónima contra Henry Latorre, señalado por almacenar droga en su casa del Brazo Oriental. Las tareas de vigilancia fueron las que establecieron el vínculo entre Latorre y Leiva. En los allanamientos la policía encontró más de 260 kilos de droga y en la casa de Leiva el dinero estaba guardado en una habitación con puerta blindada.

Leiva fue condenado a dos años y seis meses de penitenciaría por lavado de activos y tráfico interno de municiones. Según la imputación fiscal, recibía dinero con conocimiento de su origen ilícito para introducirlo en el sistema financiero. Antes de caer, según las fuentes del caso, pasó nombres que hoy están bajo investigación.

La ampliación ya está en marcha: el Banco Central inspeccionó varios locales del Centro y la Fiscalía de Lavado de Activos abrió una causa nueva.

El descargo

En la conferencia Gómez se despegó del hombre al que le pagaba: "No es mi asesor", dijo. Explicó el vínculo por el hijo, Lucio Leiva, su secretario, que le recomendó a su padre: "las pocas comunicaciones que tuve con él fueron a través de su hijo, que es con quien tengo un vínculo personal y de confianza".

El edil admitió que Leiva cobraba 52.000 pesos nominales por mes sin tareas asignadas: como vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Junta, dijo, fue postergando las tareas que le había encargado. Reconoció el error —"debí haber tenido más recaudos"— y sostuvo que fue víctima de la confianza que depositó en Lucio: "entiendo que he sido abusado de mi confianza". Consultado sobre la posibilidad de renunciar, contestó que "no hay mérito" y que "errores tenemos todos".

Veinticuatro horas después, El Observador informó que Gómez pedirá licencia a su banca hasta que la Comisión de Ética del Partido Nacional se expida. En la conferencia había descartado esa salida.

"No es legítimo que alguien cobre y no trabaje." — el senador Pablo Botana

El sistema

El punto no es un edil que contrató mal. La Junta Departamental de Montevideo paga sueldos de asesores que no rinde nadie y que ningún mecanismo de control audita. Gómez cobraba 52.000 pesos por mes de ese sistema y los pagó durante once meses a una persona que, por sus propios dichos, no tenía tareas asignadas.

El contribuyente montevideano puso la plata. Y va a seguir poniéndola, porque el mecanismo sigue igual.