Un edil admite que paga asesores que no trabajan

El edil de la Coalición Republicana por Montevideo Guillermo Kruse admitió en el streaming Todo un Tema de El Observador que tiene dos asesores en "pase en comisión" que no trabajan en su despacho. Consultado sobre dónde están esas personas, respondió que "en su casa o trabajando para el sector político", y justificó la situación con una frase que resume el sistema: "la ley lo permite".

El caso no es un hecho aislado. Según la investigación que El Observador publicó el 25 de setiembre, cada edil de la Junta Departamental de Montevideo puede tener hasta nueve personas rentadas: cinco secretarios más hasta cuatro trabajadores en "pase en comisión". La partida de secretaría ronda los $ 262.000 por mes.

La confesión de Kruse

Kruse explicó que los cargos responden a acuerdos políticos: "gente que me apoyó me pidió: si sos edil te vamos a pedir esta persona en comisión". Dijo que juntó votos blancos y colorados, y que tiene una persona de un sector colorado y otra del Partido Nacional. "Quien paga su sueldo es la comisión", aclaró.

Sobre su despacho fue todavía más explícito: "yo no tengo actividades para ellos. Fíjate que el despacho de un edil más o menos mide dos metros por dos metros".

El propio Kruse reconoció el problema de fondo: "rompe los ojos que no tenga una remuneración el edil y nos evitemos todas estas cosas, aunque va a ser muy difícil porque constitucionalmente está prohibido".

Un cargo honorario que se cobra igual

La Constitución establece que el cargo de edil es honorario. En 1994 se plebiscitó que pasaran a cobrar y la población no lo aceptó. Sin embargo, según El Observador, más de una decena de ediles reciben sueldo como funcionarios del sector político al que pertenecen, y hay al menos uno al que su sector le paga "en negro".

También cobran beneficios: no pagan patente y reciben cerca de 200 litros de combustible al mes. Los que se mueven en ómnibus tienen 720 boletos gratis por mes para repartir entre 15 boleteras.

El relevamiento de El Observador cubrió 10 de los 31 ediles. La partida, según el propio Kruse, está calibrada "hasta en cinco para que no los agarre el IRPF": el monto se fija para quedar por debajo del mínimo no imponible.

El contexto que arde

La admisión de Kruse llega en medio del caso del exasesor del edil blanco Gonzalo Gómez, Pablo Leiva, condenado el 18 de setiembre a 2 años y 6 meses por lavado de activos y tráfico de municiones en la Operación Trazador. Gómez pedirá licencia hasta que la Comisión de Ética del Partido Nacional se expida, y el 28 de setiembre se conoció una denuncia anónima en la Jutep contra todos los ediles de Montevideo. La Fiscalía de Lavado de Activos abrió además una nueva investigación preliminar.

El problema no es la ética individual de un edil: es un reglamento que convierte el cargo público en agencia de colocación. Nueve sueldos por edil, una partida calibrada para esquivar el IRPF y un cargo que la Constitución declara honorario pero que se cobra igual. El contribuyente montevideano paga la clientela política de todos los partidos.