Un contrato estatal bloquea 900 millones de dólares
El Estado prorrogó la concesión del puerto hasta 2081 y ahora no puede habilitar una segunda terminal: 900 millones de inversión privada quedan
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El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, lo dijo sin vueltas: la concesión vigente de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo impide habilitar una segunda terminal. La empresa Neltume Ports presentó una iniciativa privada por 900 millones de dólares para construir una nueva terminal especializada, y el gobierno todavía evalúa su "factibilidad jurídica".
Un contrato de 50 años
El problema no es la falta de inversores. Es un papel. En 2021 el Estado uruguayo prorrogó la concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP), la operadora belga Katoen Natie, por 50 años, hasta 2081. Ese contrato consagra un monopolio de hecho sobre la operativa de contenedores y le cierra la puerta a cualquiera que quiera competir.
Oddone lo admitió: el contrato con Katoen Natie "limita la posibilidad de que exista una terminal de contenedores adicional". Traducido: el Estado firmó un acuerdo que hoy le impide aceptar 900 millones de dólares que un privado quiere poner sobre la mesa.
Lo que se pierde
La propuesta de Neltume Ports no es menor: unos 940 metros de línea de atraque, dos buques post Panamax, muelle para barcazas y 38 hectáreas de superficie operativa. Capacidad anunciada: 1.150.000 TEU al año. Para dimensionar: todo el movimiento de Uruguay en 2025 fue de 847 mil TEU, casi 480 mil contenedores.
Es decir, la inversión privada proyecta más capacidad de la que el país mueve hoy en un año entero. Y está frenada por un contrato que el propio Estado firmó y prorrogó.
El villano y la víctima
El villano es el contrato-concesión: un instrumento estatal que convierte a un operador privado en monopolio protegido por el poder de policía del Estado. La víctima es doble. Primero, el inversor que quiere competir y no puede. Segundo, el consumidor uruguayo, que paga en cada producto importado el sobrecosto de una terminal sin competencia.
En 2021, para evitar un juicio internacional con Katoen Natie, el Estado desembolsó 1.500 millones de dólares. Ahora, para no revisar ese mismo contrato, deja afuera 900 millones que no cuestan un peso al contribuyente.
La pregunta incómoda: si el Estado no puede habilitar competencia porque él mismo la prohibió por contrato, ¿quién es el que traba el desarrollo del puerto?
- https://www.subrayado.com.uy/ministro-economia-hablo-propuesta-inversion-el-puerto-y-planteo-que-hay-limitantes-n1020046