Política

SUCIVE: EL GRAN CURRO DE LAS PATENTES Y LOS PRIVILEGIOS DEL ESTADO

El Estado creó un sistema único, eliminó la competencia entre intendencias y consolidó una estructura millonaria de recaudación, contratos, comisiones y aforos poco transparentes. Millones para administrar y tasar nuestros vehículos, mientras los contribuyentes soportamos patentes desproporcionadas. ¡El Estado creó el monopolio, blindó la recaudación y convirtió al ciudadano en rehén de sus privilegios! Y cuando exigimos explicaciones, aparecen las reservas de información, las contrataciones cuestionadas y las dificultades para conocer cuánto cuesta realmente toda esta maquinaria. ¡BASTA DE AFOROS OPACOS, PRIVILEGIOS E IMPUESTOS ABUSIVOS! ¡EL AUTO ES TUYO, EL DINERO ES TUYO Y EL ESTADO NO ES TU DUEÑO!

Ignacio Supparo

17 de noviembre de 2026 · 6 min de lectura

SUCIVE: EL GRAN CURRO DE LAS PATENTES Y LOS PRIVILEGIOS DEL ESTADO
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MALDITO SUCIVE:

EL GRAN CURRO DE LAS PATENTES Y LOS PRIVILEGIOS DEL ESTADO

La perversión del Estado uruguayo se refleja en el hecho de que, cuanto más trabaja un ciudadano para adquirir sus bienes, más mecanismos encuentra el poder político para apropiarse de una parte de su patrimonio, es decir, hacerlo esclavo.

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El auto es nuestro, pero el Estado se comporta como si fuera el dueño y nos cobrara un alquiler perpetuo.

El SUCIVE es una expresión formidable de ese modelo perverso: un impuesto desproporcionado, una estructura de recaudación centralizada, un monopolio coercitivo, comisiones, contrataciones y aforos sin transparencia.

Y toda esta maquinaria sostenida con dinero que los ciudadanos no podemos negarnos a entregar.

UNA PATENTE INDEFENDIBLE

Un automóvil usado aforado en US$ 30.000 paga el 4,5% anual de patente: US$ 1.350. Con la bonificación del 20% por pago anual anticipado, US$ 1.080. ¡Más de mil dólares al año por un vehículo que envejece y pierde valor!

La pregunta es: ¿qué justifica semejante carga en Uruguay? ¿Tenemos calles extraordinarias o, sencillamente, gobernantes acostumbrados a recaudar sin límites?

La patente es un impuesto, no el precio individualizado de un servicio. En definitiva, el propietario del vehículo financia los gastos generales departamentales. Su auto se deprecia; la voracidad fiscal, jamás.

EL REMEDIO FUE PEOR QUE LA ENFERMEDAD

Como suele ocurrir cuando el Estado pretende solucionar un problema, termina creando otros mucho peores, sin resolver el original.

El SUCIVE es el ejemplo perfecto: nació como una solución y terminó convertido en un verdadero cáncer fiscal, burocrático y monopólico.

Se pretendió terminar con la mal llamada «guerra de las patentes», que en realidad era competencia fiscal entre intendencias, beneficiosa para los contribuyentes.

Pero como el Estado no sabe competir ni tolera que la competencia limite su voracidad recaudatoria, decidió eliminarla. En lugar de competir para cobrar menos, los intendentes se pusieron de acuerdo para cobrar bajo un sistema único.

¡No solucionaron el problema: eliminaron la competencia, blindaron la recaudación y dejaron al contribuyente de rehén!

La ley previó adhesiones por quince años, prorrogables, y administración por un fiduciario profesional designado institucionalmente, creando un sistema único cuya gestión terminó concentrada.

MILLONES POR ADMINISTRAR UN IMPUESTO OBLIGATORIO

El monopolio quedo en manos de República AFISA, sociedad anónima de propiedad estatal. Según denunció el diputado Juan Martín Jorge, su remuneración asciende al 0,4% más IVA de la recaudación. Si esta fuera de US$ 800 millones al año, la comisión rondaría US$ 3,2 millones, más IVA: casi US$ 3,9 millones facturados.

Las preguntas son ineludibles: ¿quién determinó que ese porcentaje era razonable? ¿Se compararon alternativas? ¿Por qué remunerar al administrador según lo recaudado y no según el costo y calidad del servicio?

¡El Estado impone el impuesto, contrata una agencia privada para administarlo y le paga por ese servicio en comisiones de lo que se nos obliga a entregar!

Inaudito: el contribuyente queda encerrado en un sistema de colusión pública – privada, sin poder cambiar de proveedor ni escapar del sistema eligiendo una oferta mejor.

CATORCE AÑOS SIN COMPETENCIA DE PRECIOS

El mismo diputado denunció que una empresa privada presta el servicio de tasaciones utilizado para los aforos desde 2012, sin competencia de precios durante catorce años. Según los datos difundidos, cobró en 2025 más de $ 5,3 millones, más IVA.

No se trataría únicamente del 0,4% sino también de consultorías, auditorías, asesoramiento jurídico, publicidad y otros servicios que se cobran separadamente.

Un monopolio con un mercado captivo, donde existe nula transparencia, nada de información y donde el contribuyente ni siquiera sabe dónde quejarse y reclamar porque se pasan la pelota entre las oficinas de las intendencias y la atención automática del SUCIVE: ¡catorce años sin competir por precio exigen explicaciones!

LA CAJA NEGRA DE LOS AFOROS

¿Con qué criterios se decidió cuánto vale tu auto? ¿Podés verificar todos los fundamentos relevantes e impugnar un error con información suficiente? ¿Cómo se concilia esa reserva con el derecho de acceso a la información pública?

¡El ciudadano está obligado a pagar, pero parte de la cocina del aforo permanece fuera de su vista! Es inaceptable que la Administración transforme la determinación de tributos en una caja negra. La transparencia y el derecho de defensa no son favores del gobernante: son derechos de los contribuyentes para quien ellos trabajan.

OBSERVACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Y MÁS RECURSOS PÚBLICOS

En abril de 2012, el Tribunal de Cuentas observó el contrato de fideicomiso celebrado entre el Ministerio de Economía y Finanzas y República AFISA. El Poder Ejecutivo reiteró gastos y el Tribunal mantuvo observaciones.

Además, para 2026 se autorizó una partida nacional de hasta $ 205 millones destinada a gastos administrativos del sistema: ¿por que se fio esa plata? ¿cuánto cuesta realmente el SUCIVE? ¿Quién factura, por qué servicio, bajo qué contrato y con qué control?

¡Queremos conocer hasta el último peso!

EL ESTADO NO NECESITA RECAUDAR MÁS: NECESITA GASTAR MENOS

Cuando se cuestiona la patente, los intendentes invocan salarios, obras y servicios. Como si cada necesidad presupuestal autorizara a meter nuevamente la mano en el bolsillo del ciudadano.

¿Por qué siempre debe ajustarse el contribuyente y nunca el aparato político? ¿Por qué no reducir cargos innecesarios, privilegios, estructuras duplicadas y servicios ineficientes? La riqueza no nace en las oficinas públicas: la producen quienes trabajan, ahorran, emprenden e invierten. El Estado no la crea por recaudarla.

Uruguay debe sustituir los aforos opacos por montos moderados, objetivos y previsibles; establecer topes efectivos a la patente; exigir competencia y justificación de cada contratación, auditoría independiente y acceso real a los fundamentos de los valores fiscales. Y, sobre todo, reducir el gasto público en vez de reemplazar cada impuesto que baja por otro nuevo.

Hace falta una rebelión fiscal pacífica, democrática y constitucional. Una ciudadanía que exija límites al poder tributario y respeto por su propiedad.

El SUCIVE es el reflejo pérfido de nuestro aparato estatal, donde los gobernantes fijan las reglas, los administradores cobran, los contratistas facturan, las intendencias recaudan... ¡y el ciudadano paga toda la fiesta!

¡BASTA DE AFOROS OPACOS, CONTRATACIONES SIN COMPETENCIA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA E IMPUESTOS DESPROPORCIONADOS!

¡EL AUTO ES TUYO, EL DINERO ES TUYO Y EL ESTADO NO ES TU DUEÑO!

 

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