El puerto, rehén del sindicato

Las asambleas del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) rechazaron la resolución del Poder Ejecutivo que fijó servicios mínimos en la terminal de contenedores de TCP —la calificaron de "excesiva y arbitraria"— y facultaron a su dirección a declarar un paro nacional de 48 horas en los puertos. También resolvieron presentar una queja ante la Organización Internacional del Trabajo, según informó El Observador el 25 de septiembre.

La medida no es inmediata. Depende de la negociación con TCP, en la que el Ministerio de Trabajo puso sobre la mesa una propuesta: subir de 20 a 21 los jornales garantizados, fijar un punto medio en la compensación extraordinaria a la firma del convenio y crear una partida excepcional para quienes hicieron tareas por fuera del convenio colectivo. Según Telemundo, el paro se concretaría si TCP no acepta esa propuesta antes de la reunión tripartita del lunes.

Mientras tanto, la terminal opera con el personal mínimo que impuso el gobierno después de los paros parciales de la semana anterior.

El cuadro es completo. Un sindicato con capacidad de trancar la principal puerta de salida del país. Un Estado que primero dicta por decreto cuánta gente debe trabajar y después sugiere cuántos jornales debe pagar una empresa privada. Y un organismo internacional convocado como árbitro de algo que debería resolverse entre quien paga y quien trabaja.

En ese triángulo falta un actor: el que produce y exporta, que no tiene silla en ninguna mesa y paga cada hora de conflicto.

Mientras la negociación laboral siga siendo un asunto de Estado, el comercio exterior uruguayo seguirá siendo rehén de una asamblea o de un ministerio.