Presión tributaria récord: 17,11% del PIB

La Dirección General Impositiva (DGI) publicó su Boletín Estadístico 2025 y el número no admite interpretaciones: la presión tributaria nacional llegó a 17,11% del PIB, la más alta desde 2022. La recaudación por gravámenes nacionales alcanzó los 601.444 millones de pesos.

El dato confirma una tendencia que el gobierno prefiere no discutir. En 2024 la presión era de 16,92%; en 2023 había bajado. Ahora volvió a subir y se ubica apenas por debajo del máximo histórico de la serie, el 17,45% de 2020, el año de la pandemia y del gasto sin freno.

De dónde sale la plata

El desglose es elocuente. Los impuestos al consumo (IVA) aportan 11,34% del PIB; renta y utilidades, 7,15%; propiedad, apenas 1,20%. Es decir: la estructura tributaria uruguaya se sostiene, sobre todo, sobre el bolsillo del que consume, no sobre el patrimonio ni las ganancias.

La recaudación bruta de 2025 llegó a 19,91% del PIB. Y en los primeros ocho meses de 2026 ya se recaudaron 416.899 millones de pesos, un 2,3% más en términos reales que en igual período del año anterior. La máquina recaudadora no se detiene.

Excepciones por decreto

En paralelo, el Poder Ejecutivo firmó el jueves 1.º de octubre un decreto que prorroga la rebaja de nueve puntos de IVA para servicios turísticos y gastronómicos pagados con medios electrónicos, hasta fines de abril de 2027.

El senador colorado Robert Silva fue directo: "El gobierno debe frenar su afán recaudador porque la gente ya no aguanta más impuestos. ¡Paren la mano, aflojen!". Silva recordó que una guía de la DGI anticipaba bajar la rebaja de nueve a cinco puntos, y que el decreto significó dar "marcha atrás".

El problema de fondo no es la rebaja: es el régimen. Un sistema donde la alícuota depende de un decreto, de una guía interna y de la voluntad del Ejecutivo de turno convierte al contribuyente en rehén. No sabe qué va a pagar el mes que viene. No puede planificar. No puede calcular.

La presión tributaria más alta desde 2022 no es un accidente: es el resultado de un aparato estatal que gasta sin discutir y recauda sin preguntar. Y cuando concede una excepción, lo hace por decreto, no por ley, para recordarle a todos quién manda.