El PN manda a Ética al edil del asesor condenado

La comisión de Asuntos Políticos recibió a Gonzalo Gómez y lo derivó a la Comisión de Ética. Gómez pidió licencia y desvinculó al hijo del condenado. Todo, nueve días después de la condena.

La comisión de Asuntos Políticos del Directorio del Partido Nacional recibió este domingo al edil de Montevideo Gonzalo Gómez por su vínculo con Lucio Leiva, que integraba su asesoría en la Junta Departamental. Lucio Leiva es hijo de Pablo Leiva, condenado el 18 de setiembre por lavado de activos y tráfico interno de municiones en el marco de la Operación Trazador, informaron El Observador y Subrayado.

Tras escucharlo, la comisión resolvió elevar recomendaciones al Directorio: que la Comisión de Ética reciba al edil —que se puso a disposición— y que se acepte la renuncia de Lucio Leiva a la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo. Gómez, además, desvinculará al asesor de su cargo y pedirá licencia hasta que se aclaren las responsabilidades. El presidente del Directorio, Álvaro Delgado, se había reunido con él el sábado y pidió que la comisión lo recibiera el domingo.

"Las circunstancias que una persona condenada por narcotráfico haya accedido a un cargo de confianza política es de enorme gravedad", sostuvo la comisión. Y agregó que "el desconocimiento de nuestros compañeros sobre ello no excusa que debamos actuar con diligencia y cuidado en la Función pública".

La frase es la confesión del retraso. La condena de Pablo Leiva es del 18 de setiembre. La reacción formal del partido llegó el 27, nueve días más tarde y después de que el caso estuviera en todos los medios. El edil desvinculó a Pablo Leiva cuando el caso se conoció, pero Lucio Leiva siguió sentado en la asesoría de la Junta Departamental y en la Departamental de Jóvenes hasta este domingo.

La causa sigue abierta. Henry Latorre, investigado por almacenar y distribuir la droga de la Operación Trazador, le entregó dinero a Pablo Leiva, según estableció la investigación. Y entre las líneas que deberá evaluar Fiscalía figura un local de cobranzas cuya titularidad pertenece a la esposa del dirigente nacionalista Jorge Gandini, que dijo estar a disposición de la Justicia y no tener "nada que ocultar". Es una línea a evaluar: no hay imputación.

En el allanamiento a la casa de los Leiva se incautaron 2.980.240 pesos, cuadernolas con anotaciones y municiones. El partido que se llena la boca hablando de transparencia reaccionó cuando el costo político ya estaba hecho, no cuando la Justicia puso el hecho sobre la mesa. La casta no se autorregula: se protege hasta que la prensa la empuja.

Foto: Ministerio del Interior (Operación Trazador)