Plan platita de Lula a días de las elecciones

El manual es conocido. Lo usó Kirchner, lo usó Maduro, lo usaron todos los gobiernos de izquierda que descubrieron que el dinero del Estado puede convertirse en votos si se aplica en el momento correcto. Ahora le toca a Lula.

El 17 de septiembre, a 17 días exactos de la primera vuelta prevista para el 4 de octubre, el régimen brasileño decretó un aumento del 15,04% en los beneficios del Bolsa Família, el principal programa de transferencia de ingresos del país. El beneficio mínimo mensual por familia pasó de 600 a 691 reales; el promedio estimado, de 675 a 777 reales. El gobierno de Lula sostiene que el ajuste corresponde a una recomposición de la inflación acumulada entre marzo de 2023 y agosto de 2026.

El argumento es técnicamente posible. El momento elegido no lo es. Los nuevos montos no comenzaron a pagarse el día del anuncio, ni la semana siguiente. Comenzaron el 19 de octubre: menos de seis días antes de la segunda vuelta prevista para el 25 de octubre. Si la distribución del aumento hubiera sido genuinamente técnica, no habría razón para que los pagos calzaran con semejante precisión en el calendario electoral.

El costo fiscal de la medida tampoco es menor: unos 5.800 millones de reales en lo que resta de 2026 y aproximadamente 22.000 millones de reales en 2027. El Ministerio de Hacienda asegura que el gasto será absorbido por las asignaciones existentes y que no comprometerá las metas fiscales. Los mismos que fabricaron la crisis económica que justificó el ajuste son los que ahora garantizan que el ajuste no generará problema fiscal alguno.

Flávio Bolsonaro cuestionó públicamente el anuncio y planteó que la medida tenía finalidad electoral. El asunto llegó al Tribunal Superior Electoral. El ministro André Mendonça rechazó la presentación que pedía suspender el reajuste sin analizar el fondo de la cuestión. No hay problema acá: sigamos.

Según Folha de São Paulo, la decisión de aumentar el Bolsa Família se tomó después de meses de discusión interna, en un contexto en el que la propia campaña de Lula había identificado el costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo como los principales factores de desgaste electoral del régimen. Dicho de otro modo: el aumento no surgió de un análisis técnico del sistema de protección social. Surgió de una encuesta interna que dijo que Lula estaba perdiendo votos por la inflación y que había que hacer algo antes del 4 de octubre.

Eso no es política social. Es compra de votos con fondos públicos.

Y mientras todo esto sucede, el Frente Amplio uruguayo tiene a sus ministros y legisladores llamando a sus bases a "respaldar a Lula". Orsi le regaló el excedente de la cuota de carne para China. Lo llamó "querido amigo" y "un referente". El FA uruguayo está activamente campaña por el hombre que acaba de aplicar el manual más viejo de la izquierda populista latinoamericana: repartir plata del Estado justo antes de que la gente vaya a votar.

Lo llaman "recomposición del poder adquisitivo". En el resto del continente lo conocemos por su nombre: plan platita. El mismo truco. El mismo manual. El mismo desprecio por el ciudadano al que se le compra el voto con su propia plata.