PERDIÓ EN LA CORTE Y CAMBIA LA LEY

El Estado no acepta un fallo que le quita el monopolio sobre la infancia. Después de que la Suprema Corte de Justicia le diera la razón a una familia menonita de Florida y avalara que sus dos hijas se eduquen fuera del sistema formal, el Ministerio de Educación y Cultura anunció que irá al Parlamento a cambiar la ley para que eso no vuelva a pasar.

El ministro José Carlos Mahia lo dijo el jueves 1 de octubre, tras reunirse con el Codicen: promoverá una modificación del artículo 7 de la Ley General de Educación y la eliminación del artículo 127 de la LUC, al que el gobierno culpa de haber habilitado la situación. "La resolución que toma la SCJ uno la respeta", declaró Mahia. "Lo que uno trabaja es para que lo que entiende desde el punto de vista legislativo facilitó esa resolución no esté más, porque es un precedente muy malo para la educación de Uruguay".

Perder en la Justicia y mover la ley

La mayoría de la Corte entendió que el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos permite optar por modalidades alternativas, incluida la educación a distancia, siempre que se garantice el derecho a la educación. La sentencia fue clara: la obligación del Estado de garantizar la enseñanza no implica que los padres deban elegir necesariamente la educación estatal ni que esta deba darse exclusivamente en establecimientos tradicionales.

El artículo 68 de la Constitución es todavía más claro: "Queda garantida la libertad de enseñanza" y "todo padre o tutor tiene derecho a elegir, para la enseñanza de sus hijos o pupilos, los maestros o instituciones que desee".

El presidente del Codicen, Pablo Caggiani, acompañó el anuncio con una frase que no deja dudas sobre cómo entiende el sistema: "lo que se intenta es que cada vez estudien más niños y adolescentes, cada vez lo hagan desde más chicos y lo hagan hasta más grandes, cada vez lo hagan más días y que cuando no están los vamos a buscar".

No es un caso aislado

Caggiani admitió que el caso de Florida no es el único: hay dos casaciones más a consideración de la SCJ y otra judicialización bastante avanzada que todavía no llegó a esa instancia. Desde ANEP hablan de "preocupación" porque "no se cumple con la obligatoriedad tal cual se la entiende en Uruguay desde hace 150 años".

La LUC de 2020 había eliminado la referencia expresa a inscribir a los niños en un centro de enseñanza y controlar su asistencia. El gobierno ahora quiere volver atrás. El fallo, por lo pronto, alcanza solo al caso concreto y no obliga automáticamente a otros jueces: por eso la urgencia de blindar la ley antes de que el precedente se multiplique.

La libertad de enseñanza, cuando es libertad en serio, incomoda. Y cuando la Justicia le da la razón a la familia, el Estado mueve la ley.