Orsi les pone las reglas a la ciudad de Thiel

Una empresa tecnológica financiada por Peter Thiel y Sam Altman quiere construir una ciudad con reglas propias frente a Buenos Aires. El presidente Yamandú Orsi ya le puso el freno: la compañía deberá "cumplir con las normas que Uruguay establece".

Qué es +Colonia

+Colonia es el proyecto de ciudad inteligente de Praxis, la empresa que lidera Dryden Brown, un treintañero que primero pensó en el Mediterráneo y lo descartó por la cercanía a conflictos bélicos. Eligió Uruguay, dijo a The New York Times, por estabilidad política. La comunidad se instalaría en el departamento de Colonia, con reglas propias, para trabajadores de la industria tecnológica.

El concepto no es nuevo: se llama "estado red" y lo formuló Balaji Srinivasan, exdirector de tecnología de Coinbase. Comunidades que primero viven online y después forman mininaciones con sus propias leyes, reconocidas por los estados existentes.

En Uruguay la iniciativa la lleva Eduardo Bastitta, fundador de Plaza Logística, que planea una "ecociudad inteligente". Bastitta habla de un "centro estratégico transfronterizo" que ofrece a los residentes "la flexibilidad de elegir entre los marcos legales y fiscales uruguayo y argentino".

El villano de siempre

Brown define a los futuros residentes como "los pensadores más talentosos y brillantes del mundo" y promete "un laboratorio para crear una nueva cultura", inspirada en la estética clásica y en las virtudes de verdad, belleza y heroísmo.

Orsi, en conferencia de prensa, lo bajó a tierra: es un proyecto de desarrollo urbano "más que otra cosa" y "son gente joven que trabaja en este mundo de la tecnología y quieren un lugar donde puedan convivir y vivir tranquilos y entre ellos". Traducción: reglas propias, no. Las de siempre, sí.

La Intendencia de Colonia todavía espera información oficial sobre el acuerdo de instalación de la comunidad Praxis.

El espejo hondureño

El antecedente está en Prospera, la Zona de Empleo y Desarrollo Económico que funciona desde 2017 en la isla de Roatán, Honduras, sobre 400 hectáreas. Las ZEDE fueron habilitadas por ley en 2013; la expresidenta Xiomara Castro derogó su marco legal en 2022 y en 2024 la Corte Suprema de Honduras las declaró inconstitucionales. Prospera sigue en pie.

Su secretario técnico, Jorge Colindres, lo resumió en X: la ciudad "no recibe fondos del Gobierno Central, no emite pasaportes, no tiene ejército, y transfiere el 12% de su recaudación fiscal al Gobierno Nacional y a las municipalidades".

Eso es lo que está en juego: un grupo de gente que quiere vivir bajo otras reglas, y un Estado que responde con jurisdicción. No hay acuerdo firmado, no hay plazos, no hay superficie confirmada. Solo la advertencia de que, si se hace, será con las normas de siempre. El mercado ofrece salida; el Estado, permiso.