Once mujeres formalizadas por meter droga a las cárceles

El Ministerio del Interior informó este 6 de octubre el desmantelamiento de una organización dedicada a ingresar drogas a centros penitenciarios para comercializarlas entre los reclusos. La operación, bautizada "Alcatraz", terminó con once mujeres detenidas y formalizadas por reiterados delitos de asistencia al narcotráfico.

Las detenidas tienen 46, 46, 39, 36, 33, 31, 27, 27, 26, 25 y 24 años. Cuatro de ellas quedaron con prisión preventiva por 120 días; las restantes con arresto domiciliario con tobillera electrónica por igual período, salvo una con arresto domiciliario nocturno.

Dónde y cómo operaba la red

Los 13 allanamientos se realizaron en Rocha, San José, Maldonado, Chuy y Cebollatí, más dos unidades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en Rocha y Maldonado. La operación estuvo a cargo de la Brigada Departamental Antidrogas de Rocha y las direcciones de Investigaciones de las zonas I y III.

Según el parte oficial, el objetivo fue "interrumpir el ingreso de drogas a los centros carcelarios y desarticular la red económica que manejaban allegados a las implicadas desde el exterior de las unidades". Durante las tareas se analizaron las modalidades de ingreso de sustancias y se incautaron celulares y documentación.

La cárcel como mercado cautivo

El dato duro es este: adentro de la cárcel hay un mercado, y hay quien lo abastece. La red no operaba en un vacío: operaba en un espacio donde el Estado concentra a miles de personas, les corta la libertad y después no logra cortar el negocio que se monta sobre esa reclusión. El recluso común es la víctima directa: vive en un pabellón donde la droga entra y se vende, y donde la deuda por consumo se paga con violencia.

El contribuyente es la otra víctima. Paga un sistema penitenciario que no impide el ingreso de estupefacientes, que no controla a quien los introduce y que, cuando finalmente detiene a alguien, lo hace después de que el negocio ya funcionó durante quién sabe cuánto tiempo.

El parte oficial no informa la cantidad de droga incautada ni si entre las formalizadas hay funcionarias del INR. Son dos datos que faltan y que el Ministerio del Interior debería aclarar.

Lo que sí queda claro es el diseño: mientras el Estado administre el encierro como monopolio, el mercado negro de la cárcel seguirá existiendo. La pregunta no es cuántas operaciones más se montarán, sino por qué el sistema sigue permitiendo que la droga entre.