"No es mi asesor", dijo el edil que le pagó $52.000

El edil nacionalista de Montevideo Gonzalo Gómez encabezó este lunes una conferencia de prensa para explicar su vínculo con Pablo Leiva, su asesor condenado por lavado de activos del narcotráfico, y salió a despegarse del hombre al que le pagó un sueldo durante once meses. "No es mi asesor", dijo. La frase quedó sostenida sobre un dato que el propio edil no discutió: Leiva cobraba 52.000 pesos nominales de su presupuesto en la Junta Departamental y no tenía tareas asignadas.

Veinticuatro horas después, El Observador informó que Gómez pedirá licencia a su banca hasta que la Comisión de Ética del Partido Nacional se expida sobre su caso. En la conferencia había descartado esa salida: consultado sobre la posibilidad de renunciar, respondió que "no hay mérito".

Cómo llegó Leiva a la Junta

Gómez contó en la conferencia que en diciembre tuvo una baja en su secretaría por motivos personales y que necesitaba a alguien para tareas de representación. Lucio Leiva, su secretario e hijo del condenado, le recomendó a su padre. El edil explicó que conocía a Lucio desde hacía años y que militaban en la misma agrupación.

Sobre las tareas de Leiva, el edil fue explícito: lo contrató para asistirlo en el contacto con la ciudadanía y en la elaboración de informes y mociones, pero según su relato "la mayoría de las tareas" terminaron "directo" en su WhatsApp. Leiva no iba a la Junta.

El descargo

Gómez reiteró que desconocía la actividad ilícita de Leiva. "Obviamente, asumo la responsabilidad y el error de haberlo contratado y no ser precavido a la hora de la contratación; debí haber tenido más recaudos", sostuvo. Y agregó que su secretario le había dicho que su padre trabajaba en una casa de cambio.

El edil calificó lo ocurrido como "un error grave" y sostuvo que fue víctima de la confianza que depositó en Lucio: "entiendo que he sido abusado de mi confianza y por eso, su contratación". También aseguró que ni su agrupación ni el líder de Por la Patria, Jorge Gandini, sabían de la contratación: "Fue una decisión personal", afirmó.

El domingo, horas después de volver de un viaje a China, Gómez se reunió con la Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional, se puso a disposición de la Comisión de Ética y pidió licencia en sus cargos partidarios. El lunes hizo la conferencia. El martes ya había resuelto apartarse también de la banca, después de que la cúpula nacionalista, con el presidente del Directorio Álvaro Delgado y el referente montevideano Martín Lema, evaluara que era la salida más ordenada.

Su secretario, Lucio Leiva, había renunciado el domingo a su cargo y se apartó de la vicepresidencia de la Juventud de Montevideo de la lista 250. Había sido detenido en el operativo y luego liberado por la Justicia.

La causa de fondo

Pablo Leiva fue condenado por lavado de activos del narcotráfico en el marco de la Operación Trazador, que incautó 260 kilos de pasta base, más de 3 millones de pesos en efectivo en su casa, decenas de miles de dólares, armas y municiones.

En paralelo, el fiscal de Lavado de Activos abrió una causa nueva por el blanqueo, que apunta a casas de cambio y centros de cobranza, después de reunirse con los policías de la Dgrtid que trabajaron en el caso. La Jutep tiene desde el jueves 24 una denuncia contra Gómez por la contratación, y el Frente Amplio le reclamó al Partido Nacional una "explicación clara y elocuente".

Consultado sobre el caso, el presidente Yamandú Orsi respondió que "todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario".

El sistema

El punto no es un edil que contrató mal. La Junta Departamental de Montevideo paga sueldos de asesores que no rinde nadie y que ningún mecanismo de control audita. Gómez cobraba 52.000 pesos por mes de ese sistema, y los pagó durante once meses a una persona que, por sus propios dichos, no tenía tareas.

La respuesta del sistema no fue revisar ese mecanismo: fue pedirle que se aparte después de que hiciera una conferencia. El contribuyente montevideano puso la plata. Y va a seguir poniéndola.