Navieras al gobierno: el puerto se volvió poco confiable

Cinco navieras que operan en el puerto de Montevideo se presentaron este lunes ante el gobierno para transmitirle su "profunda preocupación" y su "extrema incertidumbre" por el conflicto en la terminal TCP. Según El País, advirtieron por el "daño severo" al prestigio internacional del país. Ámbito lo tituló sin vueltas: el puerto "se volvió poco confiable comercialmente".

La postal no puede ser más elocuente. Las empresas que mueven la carga del país le avisan al gobierno que ya no confían en el puerto, y el gobierno responde que va a "revisar la regulación". Es decir: la regulación produjo el problema y la respuesta oficial es más regulación.

El Estado, árbitro de una pelea entre privados

El mismo lunes por la tarde, el Ministerio de Trabajo volvió a sentar al sindicato y a la empresa en una nueva reunión para intentar destrabar el conflicto. Según GDA, el gobierno y TCP quieren que el gremio acepte un convenio a 5 años, pero el sindicato no se compromete. El resultado de ese encuentro no estaba confirmado al cierre.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que el gobierno busca normalizar la operativa del puerto y revisar su regulación para fortalecer la competencia. La frase, leída con cuidado, admite lo evidente: el marco legal vigente restringe la competencia. Si hubiera competencia real entre terminales, un conflicto en una sola no frenaría el comercio exterior del país.

Quién paga la fiesta

El exportador uruguayo que tiene que embarcar y el importador que espera su mercadería. Ellos pagan el sobrecosto, la demora y la incertidumbre. Y el trabajador de TCP, que queda de rehén de una pelea que no eligió, en un régimen donde su representación gremial tiene poder de veto sobre la operativa de todo un puerto.

El puerto de Montevideo no se cayó por una tormenta ni por una caída de la demanda mundial. Se cayó por un conflicto sindical en una terminal, con el Estado sentado en el medio como árbitro y regulador de una pelea entre privados.

La salida no es más control estatal ni más servicios mínimos decretados. La salida es apertura y competencia: que cualquier operador pueda mover carga en cualquier terminal, sin que un solo conflicto pueda tomar de rehén al comercio exterior de un país entero.