Legisladores giran parte de su sueldo al partido

El sueldo de un legislador lo paga el contribuyente. Y una parte de ese sueldo termina en el aparato partidario. En Colonia, cuatro legisladores de tres partidos distintos giran un porcentaje de su remuneración a sus estructuras políticas, pero no existe un régimen único: cada partido —y en algunos casos cada sector interno— fija su propia regla de aporte.

Reglas privadas con plata pública

Los legisladores identificados son Mario Colman, Nibia Reisch, Cecilia Badin y Nicolás Viera, pertenecientes a tres partidos diferentes. Las declaraciones juradas publicadas por la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) permiten conocer cuánto declararon como sueldo líquido; a partir de ese dato se calculan los aportes que cada uno gira a su fuerza política.

El punto no es menor. La transparencia llega hasta la declaración jurada del sueldo. Lo que pasa después con esa plata lo define cada estructura, con reglas que escribe para sí misma y que nadie vota. No hay un porcentaje mínimo obligatorio ni un criterio común: cada partido aplica su propia alzada, y algunos sectores internos fijan la suya.

Financiamiento con reglas discrecionales

Es financiamiento de la política con plata pública, administrado con reglas privadas. El contribuyente paga el sueldo completo; el legislador decide cuánto de ese sueldo transfiere a su partido; y el partido decide cómo se reparte. En el medio no hay una norma general que ordene el sistema, sino una suma de acuerdos internos que cada sector ajusta según su conveniencia.

La discusión sobre el financiamiento de la política suele quedarse en el monto que el Estado gira a las campañas. Pero hay otra vía, menos visible: el aporte que sale del propio sueldo legislativo, que también es dinero del contribuyente. Que cada partido fije su regla no es transparencia: es discrecionalidad con plata ajena.

Los porcentajes y montos exactos por legislador constan en el cuerpo de la nota de Carmelo Portal, que calcula sobre las declaraciones juradas. No hay confirmación de que los aportes declarados sean la totalidad de lo que cada legislador gira a su partido, ni se pudo verificar si existe normativa que obligue a un porcentaje mínimo.