La avivada de los ediles de Montevideo

La Junta Departamental de Montevideo no es un parlamento: es una caja de favores. Tras el escándalo del asesor que lavaba dinero para un narcotraficante, El Observador documentó el sistema completo: partidas para cargos fantasma, pases en comisión que nadie pidió y asesores que en realidad militan para los partidos. Todo amparado por decretos departamentales.

El caso que destapó la olla

El edil blanco Gonzalo Gómez admitió que le pagaba $ 52 mil a Pablo Leiva por un asesoramiento que no existía. Leiva fue condenado por lavado de dinero para un narcotraficante. El sueldo salía de la partida de asesores: $ 262 mil mensuales por despacho.

Los números de la tramoya

Cada edil puede designar hasta 5 asesores y otorgar 4 pases en comisión. El edil de la Coalición Republicana Guillermo Kruse lo describió sin anestesia: "En mi despacho, como dije claramente, yo no tengo actividades para ellos. Fíjate que el despacho de un edil más o menos mide dos metros por dos metros". ¿Dónde están esos asesores? "En su casa o trabajando para el sector político", admitió. Y aclaró que con tres le alcanzaría.

Los beneficios no terminan ahí. Según Kruse, cada edil accede a un contrato con Antel por $ 1.900, exoneración de patente de rodados, 250 litros de nafta por mes y 720 boletos para repartir entre al menos 15 personas. También hay donaciones sin registro: entre ellas, la edición de 1.000 ejemplares de un libro sobre el Che Guevara.

Nadie lo votó

En 1994, el plebiscito de la minirreforma que buscaba rentar a los ediles fue rechazado por el 70% de los votantes. Tres décadas después, el sistema sigue funcionando igual: los partidos se reparten cargos, los decretos los habilitan y el contribuyente montevideano paga la cuenta.

Álvaro Viviano, exdiputado y hoy en el directorio blanco, lo resumió: "Es una bomba que en cualquier momento estalla". La edil María de Lima lo llamó "perverso". El artículo advierte que las movidas "bien podrían entrar en la figura penal de desvío de fondos".

No es un caso aislado ni un error administrativo: es un diseño. Los decretos departamentales convierten la Junta en una agencia de empleo partidario. El villano no es un edil suelto: son los partidos que montaron el mecanismo y lo defienden. La víctima es el montevideano que paga sueldos de gente que trabaja para un partido.