Katoen Natie amenaza con llevar a Uruguay al Ciadi

El puerto de Montevideo volvió a convertirse en un campo de batalla entre dos privados que se disputan el mismo negocio. Y en el medio, como siempre, el contribuyente uruguayo.

Katoen Natie, socia mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata (TCP), amenazó con demandar al Estado uruguayo ante el Ciadi —el tribunal de arbitraje del Banco Mundial— si el gobierno acepta la iniciativa privada de su competidora para construir una segunda terminal de contenedores.

La competidora es Neltume Ports, dueña del operador Montecon, que presentó el proyecto Montevideo Container Terminal (MCT) por unos 900 millones de dólares.

La advertencia

Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, lo dijo sin vueltas en el programa Quién es quién de Diamante FM: "Un acto administrativo de aceptación de la iniciativa privada implicaría que la respuesta de Katoen Natie sería la notificación [al CIADI] de la existencia de un diferendo en el marco del tratado de protección de inversiones".

La empresa sostiene que la normativa portuaria y las condiciones contractuales firmadas con el Uruguay impiden que se desarrolle esa infraestructura porque "rompe la ecuación económica y pega en la línea de flotación al proyecto que se está desarrollando", en el que dice estar invirtiendo 600 millones de dólares.

Y recordó el antecedente: "Serían los 1.500 millones de dólares de daños reclamados en aquel momento. Más sumado al impacto económico que puede tener el incumplimiento contractual".

"No es solamente Katoen Natie y no pasa nada. Hay daños, hay ecuaciones, hay instituciones financieras que han puesto dinero con determinadas reglas de juego", agregó.

El problema de fondo

El conflicto no es entre dos empresas. Es el resultado de un diseño estatal que entregó el puerto en exclusividad por contrato y ahora no puede deshacerlo sin pagar los platos rotos.

El Estado creó por contrato un monopolio. Después, cuando apareció un competidor dispuesto a invertir, quedó de rehén de las dos partes. Y el juicio internacional, si llega, lo paga el país: es decir, el contribuyente.

La víctima es doble: el exportador uruguayo, que banca la ineficiencia de un puerto concesionado, y el usuario, que paga los costos de un laberinto jurídico que nadie votó.

Katoen Natie controla el 80% del paquete accionario de TCP. Neltume quiere entrar con 900 millones. Y el Estado, que armó el tablero, ahora mira cómo los dos privados se pelean por un negocio que él mismo cerró con candado.