Goñi y Schipani: de penalizar fake news a prohibir redes

El diputado colorado Felipe Schipani presentó esta semana un proyecto de ley para prohibir el acceso de menores de 15 años a las redes sociales y obligar a las plataformas a verificar la edad de todos sus usuarios. La iniciativa establece multas de hasta 20.000 Unidades Reajustables para las plataformas que no cumplan y cita a Australia y Francia como modelos de referencia.

Schipani no llega nuevo a esta agenda. En 2024, junto al diputado Rodrigo Goñi —hoy presidente de la Cámara de Representantes— y Sebastián Cal, impulsó un proyecto para penalizar con hasta dos años de prisión a quienes generaran o difundieran "contenido materialmente engañoso" con el propósito de causar "desinformación notoria" en contexto electoral. El proyecto quedó documentado en LatAm Journalism Review. Goñi (Partido Nacional) y Schipani (Partido Colorado) compartían entonces la iniciativa y el lenguaje: la "desinformación" como excusa para la sanción penal.

La agenda escala

Dos años después, el alcance ya no es electoral. Goñi preside la Consulta Pública sobre "niñas, niños, adolescentes, entornos digitales e inteligencia artificial", un proceso que él mismo describió en Búsqueda el 10 de abril de 2026 como algo que "debería desembocar en un proyecto de ley" y cuyos resultados "deberían ser las bases de una futura regulación". El proceso cierra en noviembre y eleva su informe directamente al Parlamento.

Schipani, en paralelo, no espera a la consulta: ya presentó su proyecto con restricciones concretas, multas y obligaciones de verificación. La secuencia es reveladora. En 2024, Goñi y Schipani construyeron juntos el marco para penalizar la expresión en campaña. En 2026, cada uno empuja desde su partido: Goñi crea la arquitectura consultiva que desembocará en ley; Schipani pone el primer ladrillo concreto.

El modelo que fracasó

Lo que el proyecto de Schipani no menciona es lo que ya pasó con las referencias que cita. El regulador oficial australiano —eSafety— publicó el 3 de agosto que, tres meses después de la entrada en vigencia de la prohibición para menores de 16, el 81% de los menores seguía usando las plataformas restringidas. La frecuencia de uso diario prácticamente no cambió.

El propio Goñi aportó el detalle más demoledor. En una entrevista reciente en Aweno TV, contó que el presidente del Congreso australiano le dijo directamente: "Ya sabemos que la mitad está eludiendo la prohibición, sabemos que es una medida que no soluciona los temas de fondo, pero queríamos hacer algo para mostrar que vamos a tomar medidas." Goñi escuchó eso, lo contó en cámara, y acto seguido declaró que van a regular de todas formas.

El costo oculto: todos identificados

El proyecto de Schipani exige que las plataformas verifiquen la edad con mecanismos "razonables, proporcionados, eficaces y auditables". Lo que no dice es que para verificar que un menor no accede, el sistema debe verificar la identidad de todos los que sí acceden. En Australia, esa infraestructura ya produjo consecuencias: un proveedor externo de verificación de edad sufrió una brecha que expuso documentos de identidad gubernamentales de aproximadamente 70.000 usuarios. Los adolescentes sortearon la prohibición igual, con VPNs y cuentas de adultos. Lo que quedó fue la infraestructura de identificación. Y la infraestructura no desaparece cuando el problema que la justificó se demuestra irresoluble.

Tres partidos, una agenda

La novedad del proyecto de Schipani no es técnica: es política. Hasta ahora, la regulación digital en Uruguay era territorio del Partido Nacional —Goñi— y del Frente Amplio —Cosse y Borbonet, que también presentaron iniciativas. Con Schipani, el Partido Colorado completa el trío. Los tres partidos del sistema político tradicional empujan en la misma dirección, con distintos proyectos que apuntan al mismo objetivo: el Estado decidiendo quién accede a qué en internet.

La Libertad Avanza no tiene proyectos regulatorios sobre redes sociales. Hoy es la única fuerza política que no propone intervenir en el acceso a internet.

En 2024, Goñi y Schipani querían meter preso a quien difundiera "noticias falsas". En 2026, Goñi construye el marco legal y Schipani presenta la prohibición directa. No es que la agenda avance despacio. Es que avanza. ---