Goñi acusa de "desinformación" a la psicóloga que lo cuestionó

Rodrigo Goñi, presidente de la Cámara de Representantes, envió el 2 de agosto una carta formal al director de Contraviento, Graziano Pascale, en respuesta a una nota publicada el 1° de agosto por la psicóloga clínica y forense Silvana Giachero. La nota de Giachero, titulada "Control de Redes: ¿Proteger menores o mayor restricción?", advertía que las iniciativas de Goñi para regular el acceso de menores a redes sociales podrían funcionar como un "caballo de Troya" para restricciones más amplias sobre la libertad de expresión.

Goñi objeta concretamente que la nota le atribuye "un proyecto de ley que restringiría el acceso de menores a las redes sociales y establecería penas de hasta seis años de prisión". "Ese proyecto no existe", afirma. Lo que sí existe, dice, es una Consulta Pública sobre la relación entre niños, adolescentes y entornos digitales, que no propone restricciones ni sanciones. Sostiene además que Giachero confundió esa consulta con un proyecto de ley presentado en 2024 —referido exclusivamente a deepfakes en campaña electoral— que no tiene relación con menores ni con redes sociales.

La distinción es técnicamente parcial. La nota de Giachero, en efecto, mezcló dos iniciativas distintas. El proyecto de 2024 era específico para el contexto electoral y no establecía restricciones de acceso a plataformas. En ese punto, el reclamo de Goñi tiene base factual. Lo que la carta no toca, en cambio, es el argumento central de Giachero: que la Consulta Pública que el propio Goñi promueve tiene como objetivo explícito producir "medidas legislativas" y cuenta con un cronograma que prevé entregar un informe para la deliberación parlamentaria en noviembre de 2026. Una consulta diseñada para desembocar en legislación no es la neutralidad que Goñi describe.

El cierre de la carta es lo más revelador. Goñi le escribe al director de Contraviento: "La democracia necesita libertad para criticar, pero también responsabilidad para informar. Sin hechos ciertos no existe debate público, sino más desinformación." Es decir: la misma palabra que justifica toda su agenda regulatoria —desinformación— la usa ahora como arma contra quien lo critica. El regulador de la desinformación acusa de desinformación a la periodista que cuestiona su regulación.

En el párrafo más significativo de la carta, Goñi enuncia su posición de fondo: "No hay que elegir entre libertad y protección, sino construir las condiciones para que ambas sean reales." La frase suena razonable. Es, en realidad, la formulación más peligrosa del arsenal regulatorio: si no hay que elegir, y el Estado es quien "construye las condiciones", entonces el Estado decide cuánta libertad cabe en esa ecuación. Siempre en nombre de la protección.

Que Goñi haya enviado una carta formal con su membrete como presidente de la Cámara de Representantes para cuestionar una nota que cubre su agenda es una forma de presión sobre la prensa. No ilegal. No una amenaza explícita. Pero es el tipo de acción que solo tiene sentido cuando el regulador quiere dejar claro que monitorea lo que se escribe sobre él y que está dispuesto a actuar cuando no le gusta. Antes de que exista ninguna ley, el mecanismo ya funciona.

El hombre que construye el marco para regular la "desinformación" acaba de usar esa misma palabra para presionar a un medio que lo cuestionó. No es una coincidencia. Es el ensayo.