Gandini pidió ver la causa y la fiscal le dijo no

La fiscal de Estupefacientes de Primer Turno, Angelita Romano, rechazó el pedido del dirigente blanco Jorge Gandini para acceder a la carpeta investigativa del caso Pablo Leiva, condenado en el marco de la "Operación Trazador".

La respuesta de la fiscal fue seca y ajustada a la regla: la Fiscalía no está habilitada a entregarle las actuaciones porque Gandini "no es indagado ni víctima" y, por lo tanto, "no se encuentra dentro de las hipótesis previstas para poder acceder" a la carpeta. Romano recordó además que la carpeta investigativa tiene carácter reservado: solo las víctimas, los indagados y sus respectivas defensas pueden verla.

El pedido llegó después de la mención

Gandini había solicitado acceder a la carpeta después de haber sido mencionado públicamente en relación con la investigación, al igual que su esposa, propietaria de un local de cobranzas al que concurría Leiva.

El caso estalló cuando Pablo Leiva recibió a un narcotraficante en la puerta de su casa y así quedó involucrado en la causa que terminó con la incautación de 260 kilos de droga. Leiva era asesor de un edil nacionalista en la Junta Departamental de Montevideo. Ese dirigente departamental permanece al sector de Gandini en el Partido Nacional.

El edil Gómez asumió el "error" de contratar a Pablo Leiva, pero dijo que "no hay mérito" para renunciar a su cargo. Nadie renunció. Nadie explicó cómo entró.

El respaldo y el "nada que ocultar"

Gandini dijo que Lacalle Pou lo respaldó tras el caso que involucra al local de cobranzas de su esposa: "Es un tipo que conoce de estas cosas". En otro tramo sostuvo "Nada que ocultar": reconoció que el asesor del edil condenado es cliente del local de cobranzas de su esposa, pero negó que lavara dinero allí.

Acá hay dos capas. La primera es procesal: la fiscal aplicó la regla y punto. La segunda es política y es la que importa. Un asesor condenado por narcotráfico llegó a la Junta Departamental de Montevideo por un dirigente del sector de Gandini, y el edil que lo contrató dice que "no hay mérito" para irse. Nadie renuncia, nadie explica cómo entró, y el dirigente mencionado pide leer la causa para defenderse.

La pregunta incómoda no es qué sabe Gandini. Es cómo un condenado por una causa de 260 kilos de droga terminó cobrando un sueldo público como asesor. La política se protege entre sí; el que paga la cuenta es el contribuyente que financió ese cargo.