Ganaron en la Corte y el Estado cambia la ley

La familia ganó en la Justicia. El Estado ya está escribiendo la ley para que la próxima no gane.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, anunció este jueves 1 de octubre que promoverá ante el Parlamento una modificación del artículo 7 de la Ley General de Educación. Lo hace después de que la Suprema Corte de Justicia respaldara por mayoría que dos niñas de una comunidad menonita de Florida reciban educación fuera del sistema formal, en formato homeschool. La SCJ rechazó por mayoría el recurso de casación que había presentado la ANEP.

La respuesta del Ministerio no fue aceptar el fallo. Fue cambiarlo.

"Un precedente muy malo"

"La resolución que toma la SCJ uno la respeta. Lo que uno trabaja es para que lo que entiende desde el punto de vista legislativo facilitó esa resolución no esté más, porque es un precedente muy malo para la educación de Uruguay", dijo Mahía.

El ministro confirmó que irá por una "modificación legal del artículo 7 de la Ley General de Educación" que supone también la eliminación del artículo de la LUC. Según su lectura, esa norma "rebajó las condiciones para la obligatoriedad" y "dinamizó" formatos como el homeschool. Traducido: la ley que amplió la libertad de las familias es exactamente lo que hay que borrar.

"Lo fundamental es que tengamos como definición que es bien importante que nuestros hijos puedan crecer en un ámbito de socialización, como lo es la escuela", agregó.

"Cuando no están, los vamos a buscar"

El presidente del Codicen, Pablo Caggiani, fue más lejos. Dijo que el fallo "nos merece al Codicen, en pleno por unanimidad de todos sus integrantes, la preocupación de venir a plantearle al Ministerio de Educación y Cultura que esto tiene que tener algún tipo de solución por la incongruencia que supone tener un sistema educativo al cual nadie está obligado a ir".

Y remató: "Lo que se intenta es que cada vez estudien más niños y adolescentes, cada vez lo hagan desde más chicos y lo hagan hasta más grandes, cada vez lo hagan más días y que cuando no están los vamos a buscar".

Ahí está el Estado diciendo en voz alta lo que hace: ir a buscar a los chicos cuyos padres decidieron educarlos en casa.

Las niñas asistían a un centro de la comunidad menonita y recibían clases a distancia mediante una institución educativa del exterior no autorizada por el sistema uruguayo. Para la ANEP, eso no cumple con "la obligatoriedad tal cual se la entiende en Uruguay desde hace 150 años". Ciento cincuenta años de monopolio escolar estatal, presentados como tradición sagrada.

El problema nunca fue la falta de recursos ni la calidad educativa. El problema es que el Estado no tolera que una familia decida por sí misma. Perdió en la Corte y en lugar de aceptarlo va a reescribir la ley para que la próxima familia no pueda. La educación no es un servicio que el Estado ofrece: es un territorio que el Estado ocupa.