Francia declaró inconstitucional la ley que Schipani copió para Uruguay

El Consejo Constitucional de Francia —el máximo órgano de control de constitucionalidad del país— anuló este viernes la ley que prohibía el acceso de menores de 15 años a las redes sociales. La ley había sido aprobada por el Parlamento francés apenas el 21 de julio, con 243 votos contra 2 en el Senado y 279 contra 81 en la Asamblea Nacional. Duró 24 días.

La sentencia establece que el artículo central de la ley "constituye una infracción que no es ni apropiada, ni necesaria, ni proporcional" a la libertad de expresión y comunicación de los menores. Los magistrados señalaron que la prohibición era demasiado amplia: no distinguía entre plataformas con riesgos reales y servicios sin ningún riesgo probado, no consideraba la edad, el contexto familiar ni la madurez de cada menor, y no preveía ningún mecanismo para que los padres pudieran levantar la restricción o autorizar el acceso a servicios específicos en interés del hijo.

El Consejo también expresó preocupación explícita por el sistema de verificación de edad que la ley imponía: la obligación de identificar a todos los usuarios para filtrar a los menores viola el derecho a la privacidad. Es decir, la corte constitucional francesa llegó exactamente a la misma conclusión que SU Noticias venía señalando desde hace semanas: no existe forma de verificar que un menor no accede sin identificar a todo el que sí accede.

El problema para Uruguay

El diputado colorado Felipe Schipani presentó su proyecto de ley para prohibir redes a menores de 15 uruguayos hace dos días, el 12 de agosto. En el texto, citó expresamente a Francia como uno de los dos modelos de referencia internacionales, junto con Australia.

Hoy, ese modelo dejó de existir.

El otro modelo —Australia— tampoco está en mejor posición. El regulador oficial australiano, eSafety, publicó el 3 de agosto que el 81% de los menores seguía usando las plataformas tres meses después de la entrada en vigencia de la prohibición. El propio Rodrigo Goñi, presidente de la Cámara de Representantes, reconoció en cámara que el presidente del Congreso australiano le dijo que la ley se aprobó para "mostrar que se hacía algo", sabiendo que no resolvía el problema de fondo.

La misma agenda, los mismos argumentos

Los argumentos que derribaron la ley francesa son los mismos que aplican al proyecto de Schipani y al proceso que impulsa Goñi. La prohibición genérica sin distinción por plataforma, edad o contexto familiar es inconstitucional según la corte francesa. El sistema de verificación de edad que viola la privacidad de todos los usuarios es cuestionado por la misma corte.

Ninguno de estos problemas desaparece por cambiar el país donde se aplica la ley.

Macron, tras la sentencia, ordenó al Primer Ministro Sébastien Lecornu redactar un nuevo proyecto "legalmente sólido". Traducción: el gobierno francés sabe que la primera versión no superó el control constitucional y necesita una segunda vuelta. Mientras tanto, en Uruguay, Schipani presenta una ley modelada en la versión que acaba de caer.

En 24 días, la ley francesa pasó del Senado al archivo. El modelo que Schipani trajo a Uruguay como argumento ya no existe. Quedan los mismos problemas constitucionales, el mismo mecanismo de vigilancia masiva y la misma evidencia de Australia: la prohibición no funciona. Lo que sí queda es la voluntad de regular igual. ---