Entran por los chicos, salen regulando el algoritmo

El Parlamento puso en marcha una consulta pública y de participación multiactores sobre niñas, niños y adolescentes, entornos digitales e inteligencia artificial. La plataforma ya está abierta en el sitio de Participación Ciudadana Digital del Estado, con formularios para que la ciudadanía cargue propuestas y les ponga su firma.

El nombre oficial del proceso lo dice todo: se juntan en una misma bolsa dos cosas que no tienen nada que ver. Por un lado, el daño concreto que puede sufrir un pibe en internet, un problema real que discuten las familias. Por el otro, la regulación de la inteligencia artificial, una industria entera donde no hay ninguna víctima identificada y sí muchos negocios y usuarios a los que les quieren poner la correa.

El mecanismo: preguntar para legitimar

La consulta se presenta como "participación multiactores". No participan solo ciudadanos: también organismos, academia, sociedad civil y sector privado. Se cargan propuestas, se acumulan apoyos, se arma una foto de pluralidad. Pero el que redacta el texto final no es el que participa. La consulta no decide: legitima. Se pregunta a la ciudadanía lo que ya se decidió en otro lado, y después se muestra el proceso como si fuera la voz del pueblo.

Es el mismo eje que este medio viene cubriendo hace meses: la agenda de la censura. Los actores que empujan la regulación digital, los "discursos de odio" y la protección de menores como excusa usan la consulta pública como certificado de origen democrático. Y el que firma el formulario cree que está opinando.

Lo que no se sabe

Las fuentes abiertas no permiten confirmar la fecha exacta de inicio de la consulta, ni la de cierre, ni el plazo para presentar propuestas. Tampoco qué comisión del Parlamento la impulsa ni qué parlamentarios la convocan. No hay una sola cita textual de un legislador sobre este proceso. Y no está claro qué se hace con el resultado: si hay informe, si alimenta un proyecto de ley y, sobre todo, quién lo redacta.

Ese vacío no es un detalle. Es el corazón del asunto. Se abre un canal de participación sin decir quién escucha, quién sintetiza ni quién firma. La ciudadanía pone el cuerpo; el texto lo escriben otros.

La decisión es de los padres

Nadie discute que un chico merece cuidado. Lo que se discute es quién decide ese cuidado. La respuesta del aparato es siempre la misma: una consulta, un formulario, un organismo, una ley. La respuesta de una familia es otra: los padres. Y a los padres, en este mecanismo, no los invitaron: los usan como argumento.

La libertad de expresión no tiene partido. La censura sí. Y esta vez entra por la puerta de la infancia.