El narco entró por la puerta del cargo público

El narco no entró a la política uruguaya por la puerta de atrás. Entró por la puerta del cargo público. Y lo hizo con la prolijidad de quien tiene a mano un cambio, un asesor contratado y un apellido que abre puertas.

La Fiscalía de Lavado de Activos abrió una nueva investigación por el caso de Pablo Leiva, exasesor del edil blanco de Montevideo Gonzalo Gómez, condenado por lavado de activos. En paralelo, el Banco Central del Uruguay puso la lupa sobre la casa de cambio que habría operado como vehículo del blanqueo: según Montevideo Portal, el tesorero de ese cambio le daba las órdenes a Leiva para lavar el dinero del narcotráfico.

El local y el apellido

El dato que cambia todo: ese local es propiedad de la esposa del director de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, dirigente del Partido Nacional. Gandini salió a responder: "No tenemos nada que ocultar". Negó que Leiva haya blanqueado dinero en el local y afirmó que el cambio es de su familia desde hace 13 meses. Al cierre de esta nota, Gandini no está imputado.

Los números de la Operación Trazador no admiten interpretación: 265 kilos de estupefacientes incautados en el Brazo Oriental y $ 2.980.240 en efectivo. En la casa de Leiva aparecieron fajos de dinero, droga, una contadora de billetes, tres cuadernolas con anotaciones, un celular y municiones. En su auto, una bolsa con plata. Leiva fue condenado a 2 años y 6 meses por lavado de activos y tráfico de municiones, junto a un hombre y una mujer que distribuían la droga.

El jefe que se fugó en un doble fondo

El jefe de Leiva es "Nico", un narcotraficante radicado en Paraguay que se hizo conocido cuando se fugó del Comcar en el doble fondo de una camioneta. Se lo vincula a copamientos en Pocitos y a balazos por la espalda. Leiva lo recibió en la puerta de su casa, agarró una bolsa con dinero y sabía de dónde venía.

El edil Gómez dijo que Leiva "no es su asesor" y que lo contrató recomendado por su hijo Lucio, su secretario en la Junta. Lucio renunció el domingo a la Comisión Departamental de Jóvenes del Partido Nacional. El propio Gómez admitió el error de la contratación y dijo desconocer las actividades ilícitas.

El Estado llega tarde, como siempre

La pregunta incómoda no es cómo un narco consiguió un cambio para lavar plata. La pregunta es por qué el BCU y la Fiscalía aparecen recién cuando la condena ya está firme y los 265 kilos ya estaban en el mercado. El aparato de control que se financia con los impuestos de todos no detectó nada: fueron los allanamientos los que destaparon la red.

Y la red no es un accidente. Es un sistema: un edil contrata al lavador, el lavador opera en un local vinculado a la familia de un director de ente estatal, y el organismo de control llega después, a poner el sellito. Mientras tanto, el uruguayo común sigue pagando la fiesta.