El FA pide explicaciones y la Fiscalía abre otra causa

El lunes 28 de setiembre dejó dos hechos nuevos en el caso del asesor condenado por lavado de activos. A las 17:48, el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, resolvió abrir una causa penal nueva por el blanqueo de dinero vinculado a Pablo Leiva, el exasesor del edil nacionalista de Montevideo Gonzalo Gómez. Lo hizo después de recibir a los policías de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) que trabajaron en el caso y de escuchar su reporte sobre el esquema de lavado.

La investigación apunta al blanqueo de dinero de la organización criminal en casas de cambio y centros de cobranza. Más temprano, el mismo lunes, el Frente Amplio había emitido una declaración en la que le reclama al Partido Nacional "una explicación clara y elocuente" sobre cómo una persona condenada por lavado de activos llegó a un cargo de confianza en una bancada.

El edil habló y no renuncia

Gonzalo Gómez declaró ese mismo lunes que Leiva "no es mi asesor", reconoció que fue un error contratarlo y sostuvo que "no hay mérito" para renunciar a su cargo. Los medios discrepan sobre las fechas: Teledoce informó que el edil le pagaba $52.000 desde marzo al asesor condenado, mientras que Montevideo Portal tituló que Leiva cobró más de $50.000 desde diciembre. En ambos casos, el dato central es el mismo: nunca le asignó tareas y, según los propios dichos del edil, tampoco iba a la Junta.

La denuncia en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) contra Gómez por la contratación no es del lunes: Montevideo Portal la publicó el jueves 24 de setiembre a las 16:59. El País la describió como denuncia anónima. Conviene no mezclar fechas: lo del 28 es la causa nueva de la Fiscalía y el pedido de explicaciones del FA.

La trama de fondo

El Observador publicó una investigación sobre el gasto de la Junta Departamental de Montevideo: los ediles reciben cada mes una partida de secretaría de alrededor de $262.000, hay hasta nueve asesores por edil y funcionarios contratados por "pedidos políticos". La cita textual de un edil, sin nombre en el fragmento recuperado, lo dice todo: "Hay ediles que están todo el día en la Junta, yo no soy uno de ellos, no puedo estar."

La novedad de la tarde es que la respuesta del sistema es más sistema: otra causa penal, otro pedido de explicaciones, otra comisión. Hay Jutep, hay Fiscalía de Lavado, hay comisión de Ética y hay partida de secretaría. Y la plata del contribuyente igual terminó pagando $52.000 por mes a un hombre que no iba a trabajar y que terminó condenado por lavar dinero del narcotráfico.

No es un caso aislado ni un accidente administrativo: es el diseño. La política como botín, financiada con dinero ajeno, donde el cargo se reparte entre amigos y el contribuyente paga la cuenta. Mientras se discute si corresponde una explicación más o menos elocuente, la estructura sigue en pie: nueve asesores por edil, partidas millonarias y nadie que devuelva un peso.