El Estado admite 137 bandas y 58% de homicidios

El Ministerio del Interior publicó su propio mapa criminal y el resultado es una confesión: hay 137 estructuras criminales activas en el país, con más de 2.700 personas involucradas, y esos grupos están detrás del 58% de los homicidios. El relevamiento lo dio a conocer El Observador el 30/09/2026.

Es el primer inventario oficial de este tipo. Hasta ahora el Ministerio no había cuantificado cuántas bandas operan en territorio uruguayo ni qué porcentaje de los homicidios se les puede adjudicar. Ahora lo hizo por escrito.

Las cifras que el Estado reconoce

El mapa criminal detalla que las operaciones asociadas a esas estructuras implicaron 870 allanamientos, 695 personas formalizadas o condenadas, 49 menores sometidos a procesos infraccionales, 418 armas de fuego incautadas, más de 66.000 cartuchos y unos 240 kilos de drogas. La Jefatura de Policía de Montevideo aparece como una de las jurisdicciones con mayor concentración de estructuras.

El mismo día, la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo ejecutó la operación Los Sueños: seis allanamientos en jurisdicción de la Seccional 18.ª, con seis detenidos —cinco hombres de 29, 30, 34, 34 y 46 años y una mujer de 26—. Uno de ellos acumula cuatro antecedentes penales; otro estaba requerido por violencia doméstica y de género. Se incautaron una pistola, una escopeta, municiones, cuatro plantas de cannabis, dos balanzas de precisión, envoltorios con sustancias, teléfonos, cámaras de videovigilancia, dinero y una moto.

El discurso oficial, contra los propios datos

El ministro Carlos Negro sostiene públicamente que "en el territorio uruguayo gobierna el Estado" y que no hay zonas copadas por el narcotráfico. El mapa criminal que su propio ministerio difunde dice otra cosa: 137 bandas activas y 6 de cada 10 homicidios atribuidos a ellas.

No es un informe de la oposición ni de un medio crítico. Es el inventario del aparato estatal sobre las estructuras que dice controlar. El ciudadano que vive donde operan esas bandas no necesita estadísticas: las sufre todos los días. Lo que ahora tiene es la confirmación oficial de que el Estado sabe cuántas son, dónde están y a qué se dedican. Y no las desarticula.

El problema no es la falta de información. Es la falta de voluntad política para usar la fuerza que el Estado mínimo existe para ejercer: defender la vida y la propiedad de quienes delinquen contra ellas.