Cerró el Frigorífico Tacuarembó: 1.300 sin trabajo

Lo que los industriales anunciaron como advertencia ya tiene nombre y fecha. El Frigorífico Tacuarembó detendrá totalmente su actividad desde el próximo martes, según se conoció este lunes 28 de setiembre. No es un ajuste, no es una suspensión parcial: la planta para entera.

El cierre no cae del cielo. Es la consecuencia lógica de un sector que viene acumulando golpes: la industria frigorífica uruguaya registra 1.300 seguros de paro, suspensiones de faena y reestructuras que ya dejaron a cientos de familias sin ingreso. El cuadro lo describió Ámbito en la misma jornada en que se confirmó la parada de Tacuarembó.

La advertencia que se cumplió

Hace apenas unos días, los propios industriales habían puesto el grito en el cielo: "Van a seguir cerrando empresas", dijeron sobre el proyecto de ley de Competitividad. Y en Infobae fueron más lejos: algunas empresas evalúan cerrar si se aprueba la ley. La respuesta del mercado no tardó. Dijeron que iban a cerrar y cerraron.

El motivo que declaran es siempre el mismo: pérdida de competitividad para exportar. Traducido: producir en Uruguay cuesta demasiado. Energía cara, logística cara, impuestos que se acumulan sobre cada eslabón de la cadena, y una maraña regulatoria que convierte abrir una planta en una odisea y cerrarla en un trámite.

El costo país, no la competencia

Hay que decirlo con claridad, porque es fácil caer en la trampa: el problema no es la competencia. El proyecto de ley de Competitividad abre el mercado a un segundo importador, y eso es desregulación. Que los industriales lo rechacen es entendible desde su interés particular, pero es, en los hechos, un pedido de privilegio: que el Estado les cierre la puerta a los demás para que ellos puedan seguir produciendo.

El villano no es el importador que quiere vender. El villano es el entramado de costos y regulaciones que hace inviable producir en Uruguay. Un país donde el Estado se lleva una tajada de cada eslabón, donde cada norma suma un costo y donde el que quiere trabajar tiene que pedir permiso, termina expulsando a los que producen.

Y la víctima no es el empresario que cierra: es el trabajador de Tacuarembó que el martes se queda sin su fuente de ingreso, y su familia. Ese es el costo real de un país que le pone precio a la producción.

La solución no es un rescate, ni un subsidio, ni una mesa de diálogo con el gobierno. La solución es dejar de estrangular a quien produce: bajar el costo país, desarmar la maraña regulatoria y permitir que el mercado funcione. Mientras eso no pase, los cierres van a seguir. Y los 1.300 seguros de paro van a seguir creciendo.